18/05/2020 - Hace 1 año
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La corrupción en Durango actualmente está por encima  de la media nacional, ya que la tasa de prevalencia es de 16 mil 010 por cada 100 mil habitantes, cuando la media a nivel nacional es de 14 mil 635 por cada 100 mil, siendo la entidad la que tiene la mayor tasa de incidencia de corrupción.

Las cifras anteriores las expone el documento Plan de Desarrollo Institucional 2020-2022 presentado por el Fiscal Anticorrupción, Héctor García Rodríguez.

En esta proyección se destacan los indicadores del INEGI derivados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017), donde se destaca que en México la corrupción es el segundo problema más importante, después de la inseguridad y delincuencia.

Esta herramienta de planeación tiene como propósito orientar las actividades de la Fiscalía Anticorrupción de Durango para continuar el proceso de construcción de la nueva Institución que inició sus funciones hace nueve meses, y consolidar sus capacidades como órgano de procuración de justicia especializado en investigar y perseguir los delitos de corrupción que sean cometidos por servidores públicos estatales o municipales.

La corrupción en nuestro país se considera un fenómeno sistémico o estructural, por el uso generalizado de las instituciones públicas para beneficio privado, que involucra a redes de actores que actúan en complicidad.

De ahí, que para combatir con éxito las prácticas corruptas en el sector público es determinante el acompañamiento de los ciudadanos y la coordinación efectiva entre las instituciones del Sistema Local Anticorrupción.

El plan de Desarrollo Institucional de la Fiscalía Anticorrupción tiene como objetivo general prevenir y combatir la corrupción, en alineamiento con el primer eje rector del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del gobernador José Rosas Aispuro Torres.

En este plan se delinearon seis objetivos específicos, 10 estrategias y 50 líneas de acción que serán implementadas durante el resto de la administración pública estatal, para fortalecer las capacidades materiales y técnico jurídicas de investigación criminal de los agentes del ministerio público especializados en combate a la corrupción.

Además de obtener sentencias condenatorias con las penas de prisión y multa que establece el Código Penal para los delitos de corrupción, las actuaciones ministeriales de la Fiscalía Especializada harán énfasis en la inhabilitación de los delincuentes para ocupar otro cargo público, en la recuperación de activos y la reparación del daño causado a la hacienda pública.

En ello es imprescindible la impartición de justicia eficaz, eficiente, económica y de calidad por parte del Poder Judicial del estado.

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