Dos tajos con agua azul turquesa y 108 hectáreas explotadas son el legado superficial que dejó la minera Real del Oro, subsidiaria de Argonaut Gold, en el ejido Atotonilco, del municipio de San Juan del Río, en el estado de Durango.

La minera canadiense llegó en el año 2006 a Atotonilco, cuyo significado es lugar donde el agua hierve. Pero aquí también «hierve» oro, una característica que los habitantes cuestionan ¿es una fortuna o es una maldición?

Mario Ortiz Varela, comentó que «vinieron ellos a abusar de los ejidatarios», quienes «no sabíamos nada de minerales».

Hace 15 años, la empresa hizo un contrato por 15 años cuyo costo sería un pago único de 500 mil pesos, recordó José Gándara, ejidatario que lideró protestas contra la mina.

Por cinco años, la empresa trabajó con este precio, considerado «realmente ridículo», ya que «sabemos que 500 mil pesos en una media hora lo sacan», señalan los ejidatarios.

Relatan que habían permitido ese pago porque fueron engañados, ya que al principio estarían en Atotonilco para instalar oficinas y patios, porque en el ejido vecino San Agustín, se encuentra otra mina.

«Según ellos, era para tiradero para desechar basura no para explorar ni para sacar mineral», recordó Mario Ortiz. Poco a poco, los habitantes que trabajaban ahí, se percataron de la explotación de las tierras y «fue cuando empezamos a pelear con la empresa», relató.

Los ejidatarios se movilizaron y cerraron la mina, que «de una manera abusiva empezó a explotar impidiéndole a la gente que se acercara al área», recordó José Gándara.

Tras esto se hizo otro convenio con el que se lograron prestaciones para los ejidatarios, becas para los estudiantes, entre otros proyectos que se observan en la comunidad, los cuales se realizaron también con apoyo de migrantes del club Agostadero Atotonilco.

Aunque «nos trataron muy bien en un principio cuando querían el convenio, después empezaron a incumplir varios puntos que estaban pactados», denunció José Gándara, quien es expresidente del Comisariado Ejidal.

La mina Real del Oro cerró en 2020, un año antes de lo que establece el contrato, por lo que pagó un millón y medio de pesos a la mesa directiva del ejido, como multa por el cierre adelantado. Y solo esto, ya que los ejidatarios denuncian que no se realizaron trabajos de remediación por la contaminación que provocaron.

«Ustedes pueden ver el color del agua que lo mínimo que tienen es cianuro porque utilizaban toneladas y toneladas de cianuro, entre otros químicos», señaló el habitante frente al tajo turquesa, cuya composición se desconoce, ya que ninguna autoridad ha realizado estudios, a pesar de las solicitudes de los afectados.

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), delegación Durango, donde el encargado es José Luis Reyes Muñoz, respondió que no es su obligación, sino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, no han cercado la zona, denunció Mario Ortiz, por lo que «está libre, ellos pueden andar aquí como que fuera de ellos».

Los ejidatarios están preocupados, pero las autoridades no han acudido. «Reciben los escritos y todo pero no le toman interés siendo que antes cuando realizábamos algunas acciones de volada nos caían las dependencias, nos mandaban gente de Secretaría General de Gobierno, de Desarrollo Económico, y ahorita nadie nos ha visitado», lamentó José Gándara.

Temen por la afectación que genere la filtración del agua, que llegaría a por lo menos seis poblados aledaños.

Mario Ortiz, indicó que, «abajito está un rancho que se llama Menores y Santa Rosalía y hay gente enferma por lo que sale de aquí, cuando hace aire todo este polvo va a dar al rancho ese».

Los ejidatarios han pensado que de ser útil el agua podría servir para convertir las tierras de temporal a riego, pero se requiere estudiar el recurso, que por cierto, la empresa quiso comprar.

De acuerdo con los ejidatarios Real del Oro pretendía pagar 250 mil pesos anuales por la extracción del agua, de nuevo una cantidad que consideraron «ridícula».

«La empresa solicitó que se le proporcionara ésta agua para utilizarla en la mina de San Agustín», indicaron los habitantes.

Gobierno y empresas aseguran que la minería es una fuente importante de empleo y desarrollo para las comunidades, pero la extracción representa solo el 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, además las historias sobre los proyectos mineros impuestos en el país que dejan afectaciones irreversibles al ecosistema, clima y derechos de los pobladores, son constantes.

En Atotonilco, hay temor porque «una vez que empiece a llover se puede filtrar el agua contaminada» y afectar a los habitantes.

Por ello, piden a las autoridades que realicen estudios a los tajos y que la empresa haga trabajos de remediación.

«Al principio se andaba primero peleando para sacar el mineral, entonces sí teníamos empresas y Gobierno, pero ahorita se desaparecieron todos, y eso es lo más triste», expresó Mario Ortiz.