La diputada Betty Chávez propone reformar el artículo 183 de la Constitución Política, así como el artículo 126 bis del Código Penal, para que el fuero quede exento de la inmunidad que otorga a los funcionarios públicos que por su cargo gocen del mismo, y que hayan cometido feminicidio.

El fuero es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores políticos, concebido para evitar abusos entre esferas de poder; no obstante, explica Chávez Mata, en los últimos años ha sido considerado un sinónimo de impunidad. 

«Existe, como bien sabemos, un procedimiento de desafuero, para el cual, los diputados votan para retirar la inmunidad procesal que la Constitución otorga a ciertos funcionarios públicos», abunda la diputada.

Si bien, la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado de Chihuahua, en su artículo 33 señala que las diputadas y diputados son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo que duren en el cargo; no se les podrá detener ni ejercitar en su contra acción penal hasta que, seguido el procedimiento constitucional, se decida formalmente lo conducente. 

La finalidad de la reforma propuesta por Betty Chávez es eliminar  la figura de fuero constitucional de la que gozan en la actualidad servidores públicos titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, específicamente en lo referente al feminicidio, que en el Estado se encuentra regulado como homicidio por razones de género.

«Este delito es atroz y no debe de quedar impune en ninguna circunstancia, además no debe de dilatarse su investigación», sentencia la legisladora priista.

«Estoy consciente que al plantear esta reforma no estamos eliminando esta protección constitucional para todos los delitos de orden penal, sin embargo, debe comenzarse por un delito que es reiterado y la forma más extrema de violencia contra la mujer», argumentó Betty Chávez, quien agrega que se debe buscar que la pena se aumente cuando al momento de consumarse el acto, el funcionario público hubiese tenido fuero.

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La diputada propone, pues, eliminar la impunidad en los casos de feminicidio y que puedan ser sujetos a proceso penal por la comisión del delito de homicidio por razones de genero, sin que se ratifique la declaración de procedencia por parte del Congreso del Estado, los servidores públicos que llegaran a cometerlo.