La nueva legislación federal establece penas de hasta 8 años de prisión y multas considerables para quienes participen en la compra o venta de vapeadores en el país, endureciendo de forma histórica las sanciones contra estos dispositivos.

La reforma contempla castigos más altos cuando se distribuyan productos adulterados, se venda a menores o se utilicen establecimientos sin autorización sanitaria para la comercialización.

Especialistas en salud celebraron la medida al asegurar que los vapeadores han incrementado enfermedades respiratorias en jóvenes, especialmente en zonas urbanas donde su uso se disparó.

Comerciantes advirtieron que la normativa puede disparar el mercado clandestino, aumentando los riesgos de productos contaminados y redes de distribución ilegales.

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