Juárez, Chihuahua.- Le darán más de tres millones de pesos a cada familia de los migrantes que murieron en el incendio del albergue en ciudad Juárez; informó el gobierno federal.

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Para la reparación del daño de cada una de las 40 víctimas fallecidas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, les darán más de tres millones de pesos a sus familiares.

Recibirán tres millones 500 mil pesos, lo que suma un total de 140 millones de pesos de una “partida presupuestal especial”, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Así lo informó el Instituto Nacional de Migración (INM), al detallar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) definió el monto de indemnización por cada migrante fallecido en el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo; el cual será pagado por este instituto a sus respectivos familiares.

En tanto que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó pericialmente daños en el inmueble de la Estación Provisional por un monto de un millón 893 mil 915 pesos; resolución que el INM puso en conocimiento de Agroasemex, aseguradora del Gobierno de México, para lo procedente.

Además de que el instituto notificó a la empresa de seguridad CAMSA S.A. de C.V. las causales de recisión de contrato de prestación de servicios.

El INM También señaló que “para garantizar la no repetición de hechos que atenten contra la integridad y vida de los migrantes y después de concluido el proceso de supervisión directa de la totalidad de las sedes migratorias, comenzó la aplicación de medidas de Protección Civil”.

Estas consisten en la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas, así como la instalación de vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores, entre otras medidas, con base en las recomendaciones que determine la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las instancias de Protección Civil y el Órgano Interno de Control (OIC) del INM.

Para evitar una tragedia como la ocurrida hace casi cinco meses, el INM dijo que se ordenó formalmente a todas las autoridades del instituto “acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de resolver, en un término no mayor a 36 horas, la situación migratoria de los extranjeros”.

De igual forma, se instruyó el retiro inmediato de las rejas de protección metálica colocadas en el medallón, los costados, por dentro y por fuera, de las camionetas tipo van, que se utilizan en las acciones de movilidad de los migrantes, como acción de protección civil.

De las 54 sedes que tiene el INM en México, actualmente continúan abiertas 17 estaciones migratorias con una capacidad de 3 mil 791 espacios, que constituyen el 73 por ciento de la capacidad total instalada (además que hay 3 centros integradores con una capacidad de 3,700 espacios de puertas abiertas).

Señaló que para corregir las fallas se continuará con las visitas de supervisión a las estaciones migratorias y estancias provisionales, con la finalidad de verificar que su operación y funcionamiento se efectúe en apego a lo establecido en la Ley de Migración y su reglamento.

Y recordó que por los hechos del 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez, siguen vinculados a proceso el titular del INM, Francisco Garduño Yáñez; así como los servidores públicos Antonio Molina Díaz; Salvador González Guerrero; Juan Carlos Meza Cumplido; Eduardo Apodaca Magallanes; Daniel Goray Yosioka; Rodolfo Collazo de la Torre, y Gloria Liliana Ramos García.