Chihuahua. – Analizarán caso de familia entera desaparecida en el 2011 aquí en Chihuahua, en seguimiento a los acuerdos tomados durante una revisión de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
La Fiscalía General del Estado reunió una mesa técnica de análisis para recabar las opiniones de un grupo de expertos en diversas disciplinas; con el fin de establecer las estrategias que se implementarán para esclarecer la desaparición de ocho miembros de una familia registrada en el año 2011.
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Analizarán caso de familia entera desaparecida en el 2011 aquí en Chihuahua, se reunió un grupo multidisciplinario con el fin de presentar nuevas estrategias para robustecer los trabajos relacionados con la investigación del caso, y acciones de búsqueda alternativas que pudieran implementarse para dar con el paradero de las víctimas.
El grupo de especialistas estuvo conformado por la Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, Ada Miriam Aguilera Mercado, la Fiscal de Distrito de la Zona Occidente, Silvia González Gutiérrez, el Coordinador de la Unidad de Atención y Respuesta, Jesús Fernández, el Coordinador de la Unidad de Investigación de Desaparición Forzada, Armando Acosta, así como el Comisionado Local de Búsqueda, Víctor Alfredo Hinojos Paredes, representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y la representación legal de las víctimas.
Sobre este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al Estado Mexicano la implementación de medidas cautelares a favor de las víctimas indirectas, con motivo de los hechos delictivos que derivaron en la desaparición de ocho miembros de una familia que dieron origen a las medidas MC-391-12, en el lugar conocido como Seccional de Anáhuac en la zona occidente del estado.
Tanto las investigaciones como y la búsqueda de las víctimas se mantienen vigentes hasta el día de hoy, y a través de este tipo de ejercicios de colaboración interdisciplinaria la Fiscalía General del Estado busca sentar precedentes sobre la forma de resolver casos que implican violaciones graves a Derechos Humanos.