Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra del imputado César D., tras demostrar puntual, precisa y contundente, la probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada, por lo cual permanecerá en prisión preventiva.

Ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, el Agente del Ministerio Público expuso todo el caudal probatorio que obra en la carpeta de investigación, en la que se denunció la forma en se cometieron ambos delitos en autoría con otros ex funcionarios estatales.

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En el desarrollo de la audiencia, se narró de manera firme, sólida y fehaciente, que entre los años 2011 al 2014, el imputado, quien se desempeñaba como Gobernador del Estado de Chihuahua y previo acuerdo con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público, con un reparto de roles, desvió recursos del patrimonio estatal la cantidad acumulada de 96 millones 685 mil 253 pesos, los cuales se encontraban depositados en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda.

La autoridad ministerial acusadora reseñó, argumentó y debatió puntual y precisa a la Defensa, la participación de las conductas antisociales que se le atribuyen y que ocurrieron en el periodo en mención, cuando Gobierno del Estado realizó 17 pagos reiterados a dos diversas morales con las que había intereses personales y de negocios del imputado; actos que fueron orquestados e instruidos para la entrega de estos recursos públicos a través de 11 procedimientos administrativos simulados.

Una vez vertida la acusación, integrada por testigos, documentos, periciales, estudios y análisis que sustentan el modo, tiempo y lugar en que, presuntamente, se cometieron los hechos, el Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado, fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, asimismo, mantuvo firme la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe hacer mención que el pasado jueves, el imputado fue extraditado de los Estados Unidos a México, en donde se le cumplimentó la orden de aprehensión y trasladado a la ciudad de Chihuahua, en donde fue puesto a disposición de la autoridad que lo requería.

Esta representación garantiza la seguridad del imputado en cualquier Centro Penitenciario de la entidad, brindando trato igual y apegado a los derechos humanos como cualquier otra persona privada de la libertad.