Chihuahua, Chih. – Quedarán en libertad un total de 489 internos que purgan delitos de baja condena, los cuales son contra la salud.

Los mencionados están recluidos en los once ceresos estatales dependientes de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en Chihuahua.

Los mencionados podría ser el mayor grupo penitenciario que buscaría obtener la libertad con el beneficio de la Ley de Amnistía, misma que fue publicada por la Secretaría de Gobernación (Segob) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor este jueves.

Del total de 8 mil 277 mujeres y hombres que se encuentran privados de la libertad por la comisión de delitos, en el caso de aborto no hay sentenciados ni procesados, informó la autoridad estatal.

Así como por robo simple de carácter federal, son pocos indicó la Fiscalía General del Estado (FGE) y la mayoría está fuera de prisión con alguna medida cautelar.

Entre los próximos a quedar libres son en el rubro de delitos contra la salud, donde la población penitenciaria es de 489 personas, según el más reciente registro proporcionado esta semana a El Diario, es donde se encuentra el mayor grupo de eventuales solicitantes.

Con la promulgación de la Ley de Amnistía el pasado miércoles, el Gobierno Federal pretende liberar de todas las cárceles del país a quienes hayan cometido delitos considerados como “no graves” y sacar de prisión a los grupos vulnerables, bajo el argumento de los riesgos de contagio por la pandemia del Covid-19.

Entre estos se encuentran los procesados y sentenciados por aborto, homicidio en razón de parentesco, delitos contra la salud, sedición y robo simple sin violencia.

Sin embargo, por cada delito se tienen que cumplir ciertos requisitos para poder liberar a los acusados, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la salud se refiere que sólo se beneficiará a las personas que cometieron ese ilícito por estar en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad; por tener una discapacidad permanente; de igual forma cuando el delito se haya cometido por indicación del cónyuge, entre otros factores.

El decreto señala que en el caso de las personas sentenciadas se realizarán las actuaciones necesarias conducentes para ordenar su liberación, mientras que en el caso de las personas sujetas a proceso penal o incluso las prófugas de la justicia, se ordenará a la Fiscalía General de la República (FGR) el desistimiento de la acción penal.

A este respecto, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche declaró ayer a este medio de comunicación que no había una proyección del número de reos que pudieran acceder a ese beneficio. Pero aclaró que la Ley sólo aplica al ámbito federal, donde cada Congreso de los 32 estados del país, decidirán si hacen o no reformas y cambios a sus leyes.

Así mismo se mencionó que en el caso del robo simple, el 99 por ciento son tramitados ante el fuero Común, y donde hay un número muy reducido en el ámbito federal, por ejemplo aquellas personas que hayan robado instalaciones del IMSS, y CFE, etcétera.

El titular de la FGE, el impacto de la Ley de Amnistía federal será reducido y marginal.

A lo mencionado el fiscal general del estado Peniche Espejel dijo:

“Yo lo que veo, es que la intensión de esta Ley de Amnistía no está en su aplicación inmediata, sino más bien su importancia estriba en los artículos transitorios, pues mandata a la Segob a que gestione ante cada estado de la República, la emisión de una Ley local, ante los congresos estatales, ahí sí habría un mayor impacto. La intención es abrir la puerta para que los congresos locales legislen con este propósito, dependerá de cada entidad federativa determinarlo”.

Lo anterior está por determinarse cuando se realizaría y se tomarán las medidas necesarias para dicha liberación.