El abogado duranguense Erick R. Solís Tavizón analizó el caso de la adolescente Paloma Nicole Arellano Escobedo, quien murió tras una cirugía estética en la clínica Santa María de Durango, y lo calificó como un retrato brutal de la fragilidad de los sistemas de salud, justicia y protección a la niñez en México.

Responsabilidad médica y clínica

El especialista subrayó que no se trató de una complicación médica imprevista, sino de un acto ilícito desde su origen, al practicarse una cirugía estética a una menor de edad sin el consentimiento válido de ambos padres.

El Código Penal de Durango contempla sanciones por este tipo de prácticas:

• Homicidio culposo y lesiones calificadas en caso de mala praxis.
• Ejercicio indebido de la profesión médica.
• Responsabilidad civil millonaria por daño moral y material.

La clínica añadió, tiene responsabilidad compartida al no garantizar protocolos de seguridad ni verificar los consentimientos, lo que constituye corresponsabilidad institucional.

Patria potestad y omisión de cuidados

El análisis también apunta a la madre de la adolescente, quien actuó unilateralmente y vulneró la patria potestad del padre al autorizar el procedimiento. Según el Código Civil de Durango, ambos padres comparten la patria potestad y se pierde cuando alguno expone a sus hijos a riesgos que comprometen su seguridad.

El abogado enfatizó que aquí no hubo omisión pasiva, sino una omisión activa, pues la madre abdicó de su deber de proteger a su hija al autorizar una cirugía contraria al interés superior de la niñez.

Incluso la pareja sentimental de la madre, al firmar como tutor, habría incurrido en usurpación de representación legal y falsedad en documentos.

Justicia y deudas pendientes con la niñez

Para Solís Tavizón, la muerte de Paloma Nicole evidencia un sistema que sigue permitiendo que niñas y adolescentes estén expuestas a intereses económicos, caprichos estéticos y negligencias médicas y familiares.

Plantea la necesidad de discutir reformas legales para reforzar la supervisión en clínicas privadas, endurecer sanciones y garantizar que el interés superior de la niñez sea prioritario en toda decisión médica.

Finalmente, enfatizó que ninguna indemnización podrá reparar la pérdida de una vida truncada a los 14 años, y llamó a que este caso siente un precedente: “La justicia debe enviar un mensaje contundente: en México, la vida de los menores no está a la venta”.

Por: Antonio Gaytán