Trabajadores y extrabajadores de la Delegación de Bienestar han alzado la voz para denunciar acoso laboral, malos tratos y una serie de despidos injustificados. Desde el pasado 22 de mayo, un grupo de ellos tomó las instalaciones para exponer públicamente estas irregularidades y exigir la intervención de las autoridades competentes.

Laura Moreno, ex colaboradora del programa “Sembrando Vida”, reveló prácticas de acoso laboral sistemático, como la presión para formar estructuras políticas partidistas y la exigencia de cuotas económicas a los beneficiarios del programa. Según su testimonio, se les obligaba a cooperar con 500 pesos para un evento personal de la coordinadora territorial Damaris García.

“Prácticamente se nos hostigaban para realizar labores que no estaban en nuestras funciones como es el caso de estructura política del partido”, afirmó.

También exigieron la destitución inmediata de Damaris García y de Diana Gallardo Núñez, señaladas por los trabajadores como responsables directas del mal ambiente laboral. El caso más delicado se dio en octubre, cuando se organizó un Baby Shower para la ingeniera Damaris y se pidió dinero a cada beneficiario de un núcleo de mil sembradores.

Acoso laboral en Bienestar afecta a trabajadores y ex empleados

Los denunciantes aseguran que al menos 60 personas fueron despedidas tras evidenciar estos abusos, por lo que han iniciado procesos legales. El objetivo es que se les reintegre a sus funciones o se les liquide conforme a la ley.

Otro caso alarmante fue el de María del Rayo, Servidora de la Nación, quien reportó que está siendo presionada para firmar su renuncia, acusada falsamente de no haber trabajado en abril. Ella argumenta que sí cumplió con sus funciones y entregó censos como prueba.

“Me quieren hacer firmar mi renuncia porque supuestamente no trabajé en abril, lo cual ya comprobé”, declaró.

Exigen revisar despidos injustificados y desvío de recursos

Una situación dolorosa fue la de Leticia Calderón, promotora del programa “Adulto Mayor”, quien fue hostigada durante su embarazo de alto riesgo. Su bebé falleció a los 8 meses y medio de gestación y, pese a presentar constancias médicas, fue despedida. La delegación de Bienestar no reconoció su incapacidad por no contar con seguro médico, según lo indicó su familiar, Alondra Soto.

“La acosaban y le decían que si no se presentaba a trabajar se diera por despedida. Perdió a su hijo y también su empleo”.

Ante estos hechos, los trabajadores exigen:

• Auditoría urgente al proceso de contratación y despido.
• Pago inmediato de salarios pendientes.
• Protección contra represalias para el personal activo y despedido.
• Investigación por desvío de recursos en programas sociales.

Las denuncias por acoso laboral, despidos injustificados y abuso de poder dentro de Bienestar requieren una respuesta inmediata de las autoridades.

Por: Harimm García