Personas adultas mayores en Durango enfrentan dificultades crecientes para realizar trámites bancarios básicos debido a la rigidez de los procesos de identificación biométrica, especialmente en el registro de huellas digitales, las cuales se desgastan con la edad y en muchos casos ya no son reconocidas por los sistemas.

La preocupación tomó fuerza tras el caso de una mujer de 102 años que fue trasladada en camilla a una sucursal bancaria para intentar completar un trámite, situación que generó indignación social y evidenció las barreras que enfrentan personas adultas mayores con problemas de salud o movilidad.

A partir de este hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango emitió un pronunciamiento público en el que hace un llamado a las instituciones bancarias, principalmente privadas, a revisar y flexibilizar sus reglas de atención para garantizar un trato digno a este sector de la población.

La ombudsman de la Comisión, Carla Obregón, explicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establecen que las personas adultas mayores son titulares plenos de derechos y que tanto instituciones públicas como privadas están obligadas a realizar ajustes razonables cuando atienden a personas en situación de vulnerabilidad.

Aclaró que, si bien la Comisión no tiene competencia directa para sancionar a instituciones privadas, sí puede emitir pronunciamientos y llamados públicos para sensibilizar y generar empatía, ya que la obligación de evitar prácticas discriminatorias deriva directamente del marco constitucional.

Uno de los principales problemas detectados es el uso inflexible de la biometría. La Comisión señaló que muchas personas adultas mayores pasan horas intentando registrar su huella digital sin éxito, lo que les impide acceder a pensiones, pagos o servicios financieros esenciales.

En el documento difundido, Derechos Humanos recomendó a los bancos implementar mecanismos alternativos de identificación, permitir trámites mediante representantes legales y, en casos necesarios, realizar visitas domiciliarias para evitar traslados que pongan en riesgo la salud de los usuarios.

También se destacó que, a diferencia de los bancos privados, en el caso de instituciones públicas como el Banco del Bienestar, la Comisión sí puede investigar formalmente y actuar cuando se presenta una queja específica.

La CEDH informó que buscará hacer llegar este pronunciamiento a los gerentes de las instituciones bancarias que operan en Durango, con el objetivo de que se adopten medidas concretas y se ajusten los procedimientos de atención a la realidad que enfrentan las personas adultas mayores.

Finalmente, Carla Obregón señaló que este no es un caso aislado, ya que existen múltiples experiencias similares, y subrayó la urgencia de que la banca modifique sus prácticas para garantizar un acceso efectivo, digno y sin discriminación a los servicios financieros.