Tras el desalojo de 108 familias que ocupaban un predio federal en la ciudad de Durango, el presidente del Colegio Barra de Abogados de Durango, Fermín Alonso Flores Ayala, aclaró que permanecer durante cinco años o más en un terreno no convierte automáticamente a una persona en propietaria, como comúnmente se cree.

El abogado explicó que existe una idea equivocada sobre la figura de la prescripción, pues el simple transcurso del tiempo no basta para adquirir legalmente un inmueble.

«Existe una falsa creencia de que si tienes la posesión por más de cinco años te quedas con las propiedades. Aquí hay que analizar que no es así, no funciona como muchas veces lo ven hasta por así decirlo en las telenovelas. Dicen: ‘Tengo más de cinco años’ y no, no funciona así», afirmó.

Flores Ayala precisó que para iniciar un procedimiento de prescripción es indispensable demostrar que la posesión tuvo un origen jurídico válido y cumplir con los requisitos que establece la legislación civil.

«Tiene que haber un documento que acredite una posesión originaria, como una compraventa, una donación, una herencia o una cesión de derechos. Desde ahí podemos empezar a contar el tiempo para poder prescribir, pero son requisitos muy indispensables. No cualquiera los cumple», explicó.

En ese sentido, consideró que las personas desalojadas del predio federal no reunían las condiciones necesarias para reclamar la propiedad mediante esa figura jurídica.

«No se iban a dar las condiciones porque no tenían ese derecho desde origen para poder prescribir», sostuvo.

El presidente de la Barra de Abogados señaló que este tipo de confusiones puede generar falsas expectativas entre quienes buscan regularizar un inmueble o adquirir un patrimonio, por lo que recomendó buscar asesoría legal antes de realizar cualquier operación.

«Antes de hacer una compra hay que analizar qué documentos les están mostrando para tener la certeza de que si van a adquirir su patrimonio, sea de forma legal», expresó.

Asimismo, advirtió que en algunos casos existen personas que ofrecen terrenos sin contar con títulos de propiedad o escrituras, situación que puede derivar en conflictos legales para quienes adquieren esos predios de buena fe.

Sobre una eventual responsabilidad penal de quienes comercializan este tipo de inmuebles, indicó que corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar, en caso de presentarse denuncias, si existen elementos para investigar la posible comisión de un fraude.

Finalmente, reiteró que los asuntos relacionados con la posesión y propiedad de inmuebles requieren un análisis especializado, ya que cada caso depende de las circunstancias particulares y del cumplimiento de los requisitos previstos por la ley.