A más de 60 días del inicio del plantón en las oficinas de la Delegación de Bienestar en Durango, el delegado Jhonatan Jardines confirmó que la toma del inmueble ha impedido la entrega de más de 30 mil tarjetas destinadas a beneficiarios de distintos programas sociales del Gobierno de México.

Durante una rueda de prensa, Jardines precisó que 25 mil de esas tarjetas corresponden a estudiantes de media superior, mientras que otras 6 mil son para adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“El daño ya está hecho. Es un daño patrimonial a la institución. Hemos solicitado formalmente la reposición de todos los medios de cobro que permanecen retenidos”, aseguró.

El funcionario federal indicó que, desde el inicio del conflicto, se ha mantenido el diálogo con los manifestantes, quienes exigen atención exclusiva por parte de personal de oficinas centrales. “Desde el primer día se buscó comunicación, incluso vinieron representantes de México, pero no aceptaron ningún acuerdo. Su postura ha sido inamovible”, señaló.

Jardines también aclaró que los trámites y servicios no se han detenido, ya que operan desde sedes alternas en todo el estado para no afectar a la población. No obstante, reconoció que la ocupación del edificio ha complicado las operaciones administrativas.

Consultado sobre los plazos para recuperar el inmueble, explicó que ya se inició el proceso legal correspondiente, pero no hay una fecha precisa para que se libere el edificio.

“Muchos de los que protestan siguen laborando en la institución. De los despidos que mencionan, se trata de una minoría”, añadió el delegado.

Por: Antonio Gaytán