La diputada del PRI, Sughey Torres Rodríguez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de eliminar obstáculos legales que limitan el acceso a la justicia para víctimas de violencia familiar.

Desde tribuna, advirtió que la legislación actual condiciona el delito al “domicilio familiar”, lo que deja fuera agresiones que ocurren en otros espacios, pese a existir una relación de poder o dependencia.

“La violencia no reconoce paredes; puede ocurrir en otro domicilio, en la calle o incluso a distancia, y sigue siendo violencia familiar”, afirmó.

La propuesta busca ampliar el alcance legal del delito para evitar vacíos de protección y cerrar la puerta a la impunidad, garantizando que las víctimas puedan acceder a la justicia sin restricciones por el lugar donde ocurrió la agresión.

La legisladora señaló que mantener esta limitación en la ley ha permitido la reclasificación de casos y ha reducido sanciones para agresores, dejando en mayor vulnerabilidad a quienes denuncian.

Advirtió que menos del 30 por ciento de los casos se judicializan, mientras que miles de víctimas enfrentan barreras legales que dificultan su protección.

Torres Rodríguez alertó que en Durango la problemática es grave, con más de cinco mil denuncias por violencia familiar en 2024, lo que representa cerca de 14 casos diarios. Además, de enero a octubre de 2025 ya se habían acumulado más de cuatro mil denuncias.

Subrayó que este tipo de violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que se reproduce en niñas, niños y adolescentes que crecen en entornos marcados por el miedo.

“Esta reforma no es un asunto técnico, es un acto de justicia para que ninguna persona quede desprotegida por ambigüedades legales”, sostuvo.