La diputada de Morena y coordinadora del grupo parlamentario de la Cuarta Transformación (Morena-PVEM), Sandra Lilia Amaya Rosales, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Voluntad Anticipada en Durango, con el objetivo de que las personas con enfermedades terminales puedan decidir, de manera libre e informada, sobre los tratamientos médicos que desean recibir en la etapa final de su vida.

Desde tribuna, advirtió que actualmente muchas de estas decisiones no las toma el paciente, sino la incertidumbre, la presión familiar o el criterio médico, ante la falta de un marco jurídico específico.

La propuesta plantea que la voluntad de la persona sea la que marque el camino, permitiendo optar entre continuar con tratamientos invasivos o recibir cuidados paliativos que prioricen la calidad de vida y eviten sufrimiento innecesario.

“No es un tema ideológico, es un tema de orden, de derechos y de responsabilidad del Estado”, sostuvo.

La legisladora dejó claro que la iniciativa no contempla la eutanasia y que esta práctica continúa prohibida, sino que busca evitar la obstinación terapéutica, es decir, la prolongación artificial de la vida cuando no existe posibilidad real de recuperación.

Explicó que hoy se presentan casos de pacientes sometidos a tratamientos sin mejoría real, familias divididas en momentos críticos y personal médico que actúa con incertidumbre jurídica, lo que evidencia la necesidad de reglas claras.

La iniciativa establece cómo debe manifestarse la voluntad anticipada, quién debe hacerla valer cuando el paciente ya no pueda expresarse y cómo deben actuar las instituciones de salud en estos casos.

Además, contempla la regulación de los documentos de voluntad anticipada, la obligación de las instituciones médicas de respetarlos y la creación de un registro estatal que dé certeza tanto a pacientes como a sus familias y al personal de salud.

Como contexto, señaló que alrededor del 70 por ciento de la población en México está a favor de que las personas puedan decidir sobre los tratamientos que reciben al final de su vida.

También recordó que este tipo de legislación ya existe en entidades como Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca y Yucatán.

“La ley no trata de la muerte, trata del respeto, de evitar sufrimientos innecesarios y de garantizar la dignidad humana hasta el último momento”, afirmó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud Pública para su análisis.