La diputada Sandra Amaya Rosales, del grupo parlamentario Morena, impulsa una reforma legal para proteger el patrimonio de las mujeres y adultos mayores ante el despojo de viviendas. La propuesta establece mecanismos que permitan al Ministerio Público intervenir de manera inmediata y solicitar la restitución provisional del bien inmueble afectado, cuando existan elementos suficientes.

Este ajuste legal contempla un incremento en las penas: la mínima sube de 3 meses a 6 años, y la máxima pasa de 5 a 12 años de prisión. Además, se incorporan agravantes cuando la víctima sea mujer o una persona mayor de 60 años, reconociendo así el despojo como una forma de violencia estructural que afecta especialmente a mujeres adultas mayores, madres solteras, mujeres indígenas o en situación de pobreza.

Despojo como violencia estructural contra adultos mayores

La falta de herramientas legales para responder de inmediato a estos casos no solo impide el acceso a la justicia, sino que revictimiza a quienes sufren el despojo. En muchos casos, mujeres y adultos mayores terminan siendo criminalizados por intentar recuperar su vivienda por cuenta propia ante la inacción de las autoridades.

Sandra Amaya subrayó que esta reforma busca erradicar la impunidad y atender una problemática que ha sido invisibilizada durante años. «Desde este Congreso vamos a defender el patrimonio de nuestras familias duranguenses para terminar con los abusos», afirmó.

Incrementan penas por despojo para proteger patrimonio

Esta iniciativa se alinea con los principios de justicia social y defensa de los derechos humanos que impulsa la Cuarta Transformación. Además de proteger el derecho humano a la vivienda, pretende dar una respuesta legal efectiva y sensible ante un problema estructural que ha generado desconfianza en las instituciones y ha contribuido a la descomposición social.

En otras entidades, los casos de despojo han escalado al grado de convertir a las víctimas en victimarias debido a la falta de respuesta oportuna del Estado. Durango no es la excepción, por lo que esta reforma representa un paso firme hacia la justicia y la protección del patrimonio de los sectores más vulnerables.

Por: Antonio Gaytán