La decisión de los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos en el Poder Judicial ha generado una fuerte polémica en el escenario político nacional.

Las candidaturas señaladas están bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), algunas por presuntos vínculos con el crimen organizado y otras por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8 en su formación académica.

Ante este escenario, el diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que esta situación confirma lo que desde la oposición se ha venido señalando: la elección del Poder Judicial es una farsa orquestada para eliminar su autonomía y subordinarlo al Poder Ejecutivo.

“Primero nos dan la razón, incluso personas de Morena como Fernández Noroña, al reconocer que hay aspirantes con serias irregularidades. Es lamentable que se quiera disfrazar este proceso como democrático cuando está plagado de inconsistencias y manipulación política”, señaló el legislador.

Yáñez Cuéllar criticó que esta supuesta renovación del Poder Judicial carezca de criterios técnicos y jurídicos sólidos. En lugar de seleccionar a los perfiles mejor preparados, se privilegian los vínculos políticos y la lealtad partidista.

“El ciudadano será el más afectado, porque quedará en manos de jueces sin formación suficiente o con antecedentes penales. No es una elección, es una imposición”, enfatizó.

PRI denuncia pérdida de autonomía y participación ciudadana mínima

El legislador priista también alertó sobre la mínima participación ciudadana prevista para esta jornada electoral judicial, estimada por el propio INE en menos del 10%. Este dato, dijo, refleja el desinterés y desconfianza de la población frente a un proceso mal diseñado, sin legitimidad ni transparencia.

“Desde el PRI dijimos sí a una renovación del Poder Judicial, pero no de esta manera. No vamos a avalar un proceso que pone en riesgo la justicia, la legalidad y la autonomía del Estado de derecho”, sostuvo Yáñez.

El diputado subrayó que el sistema de votación propuesto —mediante el voto popular— no garantiza que lleguen los perfiles más capacitados, sino aquellos que cuenten con respaldo político o estructura electoral.

Leyes “disfrazadas” de beneficio ciudadano

En otro tema, Yáñez Cuéllar criticó la reciente aprobación de la llamada Ley de Eliminación de Trámites Burocráticos, impulsada por la mayoría oficialista. Aseguró que esta norma es solo un “disfraz” para avanzar en medidas autoritarias que atentan contra la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos.

Explicó que, según su contenido, se creará una agencia con poder absoluto en una sola persona, con facultades para censurar medios de comunicación, intervenir llamadas telefónicas y sancionar comentarios críticos en redes sociales, todo sin orden judicial.

“Morena busca controlar la narrativa, silenciar las voces críticas y someter a la ciudadanía con leyes maquilladas de progreso. Estamos caminando hacia una dictadura”, advirtió.

Rechazo a reformas sin consenso

Finalmente, Yáñez lamentó que en el Congreso no se logren acuerdos amplios sobre temas verdaderamente prioritarios, como la Ley de Personas Desaparecidas o la de Telecomunicaciones. En cambio, dijo, se impulsan iniciativas sin consenso que solo favorecen al poder en turno.

“Como oposición no votamos todo en contra, solo aquello que perjudica al ciudadano. Pero cuando se impone la mayoría sin diálogo, solo nos queda alzar la voz desde la tribuna”, concluyó.

Para el diputado priista, las 26 candidaturas canceladas no son una anécdota aislada, sino el reflejo de un sistema judicial que está siendo desmantelado desde dentro. Y en este proceso, asegura, el país avanza hacia una dictadura maquillada de democracia.

Por: Antonio Gaytán