1. La diputada federal aseguró que el proceso contra el exgobernador de Baja California tiene un trasfondo político, cuestionó que la audiencia se realice a puerta cerrada y afirmó que ya no existe confianza en la imparcialidad de la Fiscalía General de la República.

En medio del proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, la diputada federal del PAN por Durango, Paty Jiménez, sostuvo que el caso responde a una estrategia para desviar la atención de los escándalos que, afirmó, enfrentan gobiernos emanados de Morena.

Durante una entrevista, la legisladora aseguró que el procedimiento judicial ha coincidido con controversias políticas que involucran a mandatarios morenistas, por lo que consideró que el caso del exgobernador panista ha sido utilizado para cambiar el foco de la discusión pública.

«Sí creo que es completamente una llamarada para desviar atenciones y quitarle ya la vista a lo que son los gobernadores de Morena», afirmó.

Jiménez hizo referencia a las recientes polémicas en torno a la gobernadora de Baja California y al gobernador de Sinaloa, al considerar que esos temas quedaron relegados del debate nacional tras el inicio del proceso contra Ruffo Appel.

Pide transparencia en el proceso

La diputada cuestionó que la audiencia se haya desarrollado de manera privada, al considerar que ello limita el acceso a la información sobre las imputaciones formuladas por la Fiscalía General de la República (FGR).

«Nosotros lo que siempre hemos dicho es que haya transparencia, que se presenten pruebas», expresó.

Aunque fue cuestionada sobre si el caso podría catalogarse como una persecución política, evitó definir a Ruffo Appel como un preso político y reiteró que, desde su perspectiva, el objetivo principal ha sido desviar la atención pública.

«Se pudiera decir, pero yo creo que es más que nada una desviada de atención por parte de los equipos», comentó.

«Ya no hay confianza» en la FGR

Jiménez también puso en duda la imparcialidad de la Fiscalía General de la República y relacionó esa percepción con los cambios derivados de la reforma al Poder Judicial.

«No, ahorita yo creo que ya no estamos confiando en eso… ya no hay confianza en esta institución definitivamente», sostuvo.

Asimismo, señaló que la reciente elección de jueces ha generado incertidumbre sobre la autonomía de las instituciones encargadas de impartir justicia, por lo que insistió en que los procesos deben desarrollarse con apego a derecho y plena transparencia.

El contexto del caso

Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México tras ganar la gubernatura de Baja California en 1989, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles conocida como «huachicol fiscal». La Fiscalía General de la República lo acusa, junto con otras siete personas, de los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con las investigaciones federales, la presunta organización habría introducido ilegalmente al país más de 800 millones de litros de gasolina y diésel entre 2024 y 2025, ocasionando un presunto daño al erario estimado en 5 mil 400 millones de pesos por evasión de impuestos. Las autoridades vinculan a Ruffo Appel con la empresa aduanal Ingemar, señalada como una de las compañías utilizadas para la operación, mientras que la defensa del exmandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que no participó en actividades ilícitas.

La audiencia para determinar si el exgobernador será vinculado a proceso se desarrolla a puerta cerrada por determinación judicial, a petición del Ministerio Público Federal, bajo el argumento de proteger información relacionada con otros presuntos integrantes de la red y con investigaciones que permanecen abiertas.

Frente a este escenario, Paty Jiménez sostuvo que el PAN seguirá exigiendo que las investigaciones se conduzcan con transparencia, respeto al debido proceso y sin utilizar las instituciones de justicia con fines políticos.