En el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, la asociación Sí hay Mujeres en Durango, encabezada por su presidenta Julieta Hernández Camargo, demandó al Congreso local cumplir sin demora la resolución judicial que obliga a derogar los artículos que penalizan la interrupción del embarazo.

El pasado 18 de julio de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió un amparo en el que declaró inconstitucionales los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal de Durango, relativos al aborto autoprocurado y consentido. La sentencia ordena al Poder Legislativo derogar dichos preceptos antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones, sin necesidad de someter el asunto al pleno.

Un rezago frente a otros estados

Actualmente, 24 entidades del país ya han despenalizado el aborto, mientras que Durango forma parte del grupo de siete estados que aún no lo hacen. En 2022, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) puso en marcha una estrategia nacional para que la interrupción del embarazo sea reconocida como un servicio esencial de salud, accesible para mujeres, hombres trans y personas no binarias gestantes.

Consecuencias legales por incumplimiento

El comunicado leído por Julieta Hernández advierte que, de no acatar la orden del Tribunal, el Congreso de Durango y sus integrantes podrían ser sancionados con:

• Multas de 100 a 1,000 días de salario mínimo.
• Prisión de cinco a diez años.
• Destitución e inhabilitación de cinco a diez años para ejercer cargos públicos.

“La orden no es que lo sometan al pleno, es que deroguen los artículos que penalizan a mujeres, personas gestantes, médicas, médicos, enfermeras y acompañantes que se practiquen o que practiquen un aborto”, señala el documento.

Derecho a decidir como servicio de salud

La asociación también emplazó a la Secretaría de Salud de Durango a garantizar la prestación del servicio de aborto bajo criterios médicos, seguros y accesibles. Julieta Hernández enfatizó que la autonomía reproductiva no debe estar sujeta a sanciones penales, sino protegida como un derecho de salud pública.

Finalmente, Sí hay Mujeres en Durango llamó al Congreso estatal a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aplicar sus criterios sobre autonomía reproductiva y garantizar que el aborto sea un servicio de salud disponible para todas las personas con capacidad de gestar.

Por: Antonio Gaytán