El Congreso del Estado de Durango dedicó su sesión ordinaria a una agenda integral de inclusión, donde aprobó el Primer Parlamento de Inclusión para Personas con Discapacidad y presentó tres reformas legales y varios pronunciamientos orientados a garantizar igualdad de oportunidades, accesibilidad y derechos plenos para este sector de la población.

La diputada Gabriela Vázquez Chacón logró la aprobación unánime del nuevo Parlamento de Inclusión, que se realizará en febrero de 2026 en el Pleno del Congreso. Este espacio de parlamento abierto permitirá visibilizar barreras de accesibilidad, escuchar directamente a personas con discapacidad y recoger propuestas para actualizar leyes y protocolos institucionales desde su propia experiencia.

Además, Vázquez Chacón presentó una reforma a la Ley para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista, cuyo objetivo es incorporar definiciones claras de principios como autonomía, dignidad, igualdad, inclusión y justicia, con el fin de profesionalizar a servidores públicos y crear programas más efectivos para quienes viven en el espectro autista y sus familias.

En el mismo enfoque de inclusión, el diputado Fernando Rocha Amaro propuso modificar la Ley de Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad para reconocer de manera expresa la talla baja como condición de discapacidad. La iniciativa busca garantizar accesibilidad real en transporte, servicios públicos y espacios físicos, eliminando barreras que afectan la movilidad y el ejercicio de derechos.

Por su parte, la diputada Flora Leal Méndez, de Morena, presentó reformas a la Ley de Hacienda del Estado para incentivar la contratación de personas con discapacidad mediante un estímulo del 100% en el Impuesto Sobre Nómina aplicable al salario de la persona contratada. La medida pretende convertir el derecho al empleo digno en una oportunidad tangible, sin que las empresas enfrenten cargas adicionales.

En el rubro de posicionamientos, la diputada Daniela Soto (PRI) advirtió que las leyes deben ser precisas, aplicables y medibles, con mecanismos de ejecución, vigilancia y evaluación, y sostuvo que la normativa estatal debe alinearse a estándares internacionales de derechos humanos. Señaló que la autonomía y capacidad de decisión deben ser el eje del modelo social de discapacidad.

Desde Acción Nacional, el diputado César Rivas destacó la realidad de las zonas rurales, donde 27 de cada 100 personas con discapacidad enfrentan barreras para acceder a transporte, salud, educación y servicios básicos. Refrendó el compromiso de su bancada para impulsar accesibilidad universal en comunidades urbanas y rurales, así como inclusión educativa y laboral.

Con estas acciones, el Congreso del Estado estableció una ruta clara hacia un Durango más accesible y más justo, donde la inclusión deje de ser discurso y se convierta en política pública, reformas actualizadas y participación directa de las personas con discapacidad.

Por: Antonio Gaytán