El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad de 22 votos la minuta constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en materia de extorsión, convirtiéndose en el estado número 17 del Constituyente Permanente en dar su aval a esta reforma. Con este paso, México alcanza el número mínimo de congresos locales que exige el artículo 135 de la Constitución para que la modificación entre en vigor a nivel nacional.

La reforma incorpora la extorsión al artículo 73 de la Carta Magna, junto a delitos como secuestro, desaparición forzada y trata de personas. Esto permitirá expedir una legislación federal que establezca tipos penales y sanciones mínimas de aplicación obligatoria en todas las entidades, cerrando vacíos legales y fortaleciendo la coordinación interinstitucional.

Debate en tribuna

Durante la sesión, los grupos parlamentarios coincidieron en que la extorsión es uno de los delitos más dañinos para la vida económica y social del país.

Ernesto Alanís (PRI) expresó que este delito afecta de manera particular a familias y pequeños comerciantes, convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. Citó cifras del Inegi que revelan pérdidas superiores a los 124 mil millones de pesos en 2023, equivalentes al 0.51% del PIB. Además, recordó que menos del 1% de los casos llega a convertirse en carpeta de investigación por miedo o desconfianza hacia las autoridades.

Verónica González Holguín (PAN) señaló que la extorsión “no se mide en estadísticas, sino en la angustia de miles de hogares que reciben llamadas de amenaza, en los negocios que cierran porque no pueden seguir pagando cuotas y en las familias que deben vender sus bienes o incluso migrar para escapar de la violencia”. Recalcó que la homologación de sanciones reducirá el margen de impunidad y permitirá fortalecer las capacidades de los estados.

Por su parte, legisladores de Morena y sus aliados respaldaron la minuta al destacar que responde a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir un marco normativo nacional sólido en materia de seguridad. Señalaron que la reforma dota de certeza a las víctimas y refuerza la facultad del Congreso de la Unión para legislar en delitos que requieren coordinación plena.

Reforma de fondo

El dictamen aprobado en Durango, que previamente había recibido el aval del Senado y la Cámara de Diputados, tiene como propósito atender varias problemáticas:

• Actualizar el tipo penal frente a nuevas modalidades, como extorsión telefónica, redes sociales o uso de intermediarios.
• Establecer canales de denuncia seguros y eficaces, que garanticen confidencialidad y generen confianza en las víctimas.
• Brindar certeza jurídica mediante procedimientos estandarizados y sanciones proporcionales.
• Reducir los espacios de impunidad y garantizar la persecución del delito en coordinación entre municipios, estados y Federación.
• Asegurar que los presupuestos de seguridad incluyan recursos suficientes para fortalecer a policías, fiscalías y poderes judiciales locales.

Resultado legislativo

El dictamen fue aprobado como Decreto 195, ordenándose su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Durango y su notificación al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación.

Con este voto, Durango se convirtió en el estado número 17 en respaldar la reforma, lo que asegura su incorporación al texto constitucional y abre la puerta a la expedición de una Ley General contra la Extorsión.

“La extorsión no tendrá tolerancia en nuestro país. Ese es un compromiso a favor de la seguridad, la justicia y la paz que merecen los mexicanos y las mexicanas”, expresaron en conjunto los legisladores que respaldaron el dictamen.

La legislatura local concluyó que esta reforma significa un paso firme hacia un México más seguro y con instituciones mejor preparadas para enfrentar un delito que lacera tanto a la ciudadanía como al sector productivo.

Por: Antonio Gaytán