El “Plan B” de austeridad impulsado a nivel federal llegó al debate del Congreso del Estado de Durango, donde Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestaron su respaldo, mientras que la oposición advirtió posibles riesgos para el sistema político y el federalismo.

Desde tribuna, el diputado del PVEM, José Osbaldo Santillán Gómez, defendió la propuesta al señalar que busca eliminar privilegios, reducir estructuras burocráticas y redirigir el gasto público hacia el bienestar social.

“El recurso público debe convertirse en bienestar tangible, en becas, medicamentos y obras para la gente”, expresó, al sostener que la austeridad permite construir un gobierno más eficiente y justo.

En el mismo sentido, el diputado de Morena, Alejandro Mata Valadez, respaldó el planteamiento al afirmar que responde a una demanda ciudadana recogida en territorio para reducir el costo de la vida pública y generar ahorros que puedan destinarse a necesidades prioritarias.

Durante su intervención, señaló que este modelo busca “hacer más con menos” y planteó que los ajustes podrían implicar reducciones en estructuras administrativas y legislativas, con ahorros millonarios para el país.

Sin embargo, el posicionamiento generó una respuesta crítica por parte de la oposición. La diputada del PRI, Rocío Rebollo Mendoza, advirtió que, si bien la austeridad es necesaria, el “Plan B” debe analizarse con cautela por sus implicaciones en el equilibrio institucional.

Explicó que una reducción significativa del gasto podría afectar la representación política, debilitar la operación del Congreso y generar impactos en derechos laborales, así como posibles conflictos legales derivados de recortes en estructuras administrativas.

“La austeridad no puede convertirse en un argumento para debilitar la representación democrática ni para concentrar el poder”, señaló.

Asimismo, subrayó que cualquier modificación a la estructura de los poderes públicos debe construirse mediante consenso, al tratarse de decisiones que impactan directamente en la vida institucional del país y de los estados.

El debate evidenció posturas encontradas sobre el rumbo de la administración pública, entre quienes apuestan por profundizar la austeridad y quienes advierten sobre sus efectos en la operación de las instituciones.

Aunque el tema corresponde al ámbito federal, su discusión en el Congreso local refleja la polarización política en torno al “Plan B”, un tema que perfila el debate rumbo a los próximos procesos electorales.