La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado de Durango decidió presentar una denuncia contra quienes resulten responsables por los daños causados durante la irrupción violenta al Palacio Legislativo el pasado 8 de marzo de 2025. El incendio generado en una oficina ocasionó importantes pérdidas económicas y puso en riesgo la vida de trabajadores.

Congreso de Durango presenta denuncia por daños

El presidente de la Jugocopo y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado local Héctor Herrera, informó que la denuncia se presentaría formalmente. Se ha estado levantando escombros y contabilizando los daños, que incluyen la pérdida de equipos de cómputo y copiadoras. Además, los daños estructurales afectaron el primer y segundo piso del recinto.

La denuncia será contra quien resulte responsable y las autoridades de seguridad se encargarán de determinar los culpables. Se destacó que la vida y salud de trabajadores, elementos de protección civil y policías también estuvieron en peligro durante los hechos. Varios testigos han dado su testimonio sobre lo sucedido y se han recopilado pruebas, como grabaciones de seguridad y fotografías de los destrozos.

Pérdidas económicas y riesgo para trabajadores

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alanís, explicó que todos los diputados acordaron presentar la denuncia para resguardar el inmueble, que es propiedad pública. Según Alanís, el incendio estuvo a punto de propagarse a todo el edificio, lo que pudo haber causado daños irreversibles y hasta pérdidas humanas.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Mojica, expresó que el Congreso pertenece a los ciudadanos de Durango y que los hechos representaron un alto riesgo. Según su testimonio, las vigas del segundo piso comenzaron a incendiarse y, de no haberse actuado rápidamente, el fuego habría consumido todo el edificio. Añadió que los daños no solo afectaron la estructura del Congreso, sino que también impactaron el funcionamiento administrativo y legislativo, retrasando el trabajo de los diputados y empleados del recinto.

Autoridades investigan los hechos

Las autoridades de seguridad y protección civil ya han iniciado las investigaciones correspondientes. Se están revisando los videos de seguridad y recopilando testimonios de personas que presenciaron los hechos. La Fiscalía General del Estado de Durango también ha sido notificada y se espera que en los próximos días se determinen posibles responsables.

El Congreso ha solicitado el apoyo de peritos especializados para evaluar los daños y determinar el costo total de las reparaciones. Según estimaciones preliminares, las pérdidas podrían ascender a varios cientos de miles de pesos, considerando tanto los equipos dañados como la restauración de la infraestructura afectada.

Posibles sanciones y repercusiones legales

De acuerdo con especialistas en derecho, los responsables podrían enfrentar diversas sanciones, incluyendo cargos por daño a propiedad pública, incendios provocados y delitos contra la seguridad pública. Dependiendo de la gravedad de los hechos, las penas podrían incluir multas elevadas e incluso prisión.

La diputada local Sandra Amaya, de Morena-PVEM, lamentó lo ocurrido y reiteró que la violencia no es el camino para erradicar la violencia de género. Aseguró que hay videos que muestran a mujeres encapuchadas arrojando botellas incendiarias. Además, destacó que los trabajadores afectados tienen familias y que no se puede justificar el daño a personas y bienes.

El Congreso de Durango ha dejado en manos de las autoridades la identificación y sanción de los responsables, reafirmando su compromiso con la seguridad y la legalidad en el estado. Mientras tanto, se ha reforzado la seguridad en el recinto legislativo para evitar incidentes similares en el futuro.

La demanda fue entregado de manera oficial y personalmente al Ministerio Público, por el secretario general, David Gerardo Enríquez Díaz y el secretario de Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo, Gerardo Alonso Sandoval Solano.

A la comparecencia en la Fiscalía, Enríquez Díaz destacó que será responsabilidad de las autoridades ministeriales llevar a cabo la investigación correspondiente, ya que, además de los daños materiales, el incendio puso en riesgo la vida de trabajadores del Poder Legislativo y de las instituciones de seguridad.

Se informó que la investigación quedará en manos de la Fiscalía, con la expectativa de que se identifique y sancione a los responsables.

Hasta el momento, el Congreso del Estado sigue evaluando los daños, los cuales ascienden a cientos miles de pesos. Entre las áreas más afectadas se encuentran las oficinas de la Secretaría General y el Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos.

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Por: Antonio Gaytán