El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y al Gobierno de Durango a firmar de inmediato el convenio que permita universalizar la pensión para personas con discapacidad de 0 a 64 años en la entidad.

La propuesta fue presentada por la diputada Cintia Monserrat Hernández Quiñones (Morena), quien recordó que el programa federal ya garantiza el apoyo económico bimestral de 3,200 pesos a personas de 0 a 29 años, pero que para extenderlo hasta los 64 años se requiere que el estado aporte recursos y formalice el convenio con la Secretaría de Bienestar.

Más de 110 mil personas con discapacidad en Durango

La legisladora subrayó que en el estado hay más de 110 mil personas con discapacidad permanente, muchas de ellas en situación de pobreza o sin acceso pleno a servicios de salud. “Es indispensable saldar esta deuda histórica y garantizar a cada persona el derecho a una vida digna, sin exclusiones por edad”, expresó.

De acuerdo con cifras oficiales, 5 de cada 10 personas con discapacidad viven en pobreza y alrededor del 16 por ciento carece de acceso a servicios médicos, lo que refuerza la urgencia de ampliar el apoyo.

Modificación al exhorto

Durante el debate, la diputada Rocío Rebollo (PRI) respaldó el punto de acuerdo y propuso una modificación para que también se exhorte a la delegación federal de Bienestar en Durango, con el fin de que entregue al Gobierno del Estado el documento correspondiente y se concrete el proceso administrativo.

Rebollo recordó que en legislaturas anteriores ya se había etiquetado presupuesto estatal para este fin —40 millones de pesos—, pero el trámite se detuvo por falta de coordinación entre ambos órdenes de gobierno.

Aprobación unánime

Tras la discusión, el acuerdo fue sometido a votación y obtuvo 24 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, reflejando el respaldo de todas las fracciones parlamentarias.

Impacto social

De concretarse la firma, Durango se sumaría a las 26 entidades del país que ya cuentan con pensión universal para personas con discapacidad, lo que ha permitido a beneficiarios en otras regiones acceder a terapias, medicamentos, aparatos ortopédicos y una mayor autonomía económica.

“Lo que falta no es voluntad ni recursos; lo que falta es que se firme el convenio. No podemos seguir retrasando una política que cambia vidas”, concluyó la diputada Cintia Hernández.

Por Antonio Gaytán