Las amenazas de tiroteo en escuelas, impulsadas por retos virales en redes sociales, ya escalaron al terreno legislativo en Durango. El Congreso del Estado analiza cómo proceder legalmente cuando los responsables son menores de edad, ante un fenómeno que ha detonado reportes diarios, suspensión de clases y operativos de seguridad.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ernesto Alanís Herrera, advirtió que la entidad enfrenta una situación creciente: al menos 10 reportes diarios de amenazas en las últimas semanas. Durango, dijo, forma parte de los 17 estados del país donde este problema se ha intensificado.

“Vivimos en una gran aldea digital”, señaló, al explicar que la velocidad de las redes sociales ha convertido estas conductas en un riesgo real para estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general.

El legislador explicó que, aunque ya existe legislación para sancionar el mal uso de redes sociales, el reto actual es definir cómo actuar cuando los responsables son menores de edad que, bajo la lógica de un “reto”, convierten publicaciones en amenazas.

“Hay un tema de delito que se está persiguiendo, pero necesitamos definir cómo actuar cuando se trata de menores”, puntualizó.

Por ello, desde el Congreso se activaron de inmediato trabajos en comisiones para revisar iniciativas y ajustar la legislación vigente, con el objetivo de establecer mecanismos claros de actuación sin vulnerar derechos.

Alanís Herrera subrayó que estas acciones no pueden minimizarse como bromas, ya que generan movilización policiaca, interrupción de actividades escolares y un clima de incertidumbre que impacta a toda la comunidad.

A este análisis se sumó la presidenta de la Comisión de Educación, Gabriela Vázquez Chacón, quien advirtió que el problema no se limita a la sanción, sino que obliga a revisar el fondo: qué está ocurriendo con los jóvenes que recurren a este tipo de conductas.

“Debe haber consecuencias, pero también debemos preguntarnos por qué un joven busca llamar la atención de esa manera”, planteó.

La legisladora destacó que muchos de estos casos pueden estar vinculados a factores de salud mental, por lo que insistió en fortalecer la atención psicológica, la capacitación en escuelas y la intervención temprana.

Asimismo, subrayó que las iniciativas que se analicen deberán construirse de la mano con las autoridades ejecutoras, para evitar que queden como letra muerta.

En paralelo, se reconoció que ya existen casos identificados en nivel bachillerato, donde jóvenes han realizado amenazas, lo que refuerza la urgencia de actuar con un enfoque integral.

Tanto el Congreso como las autoridades coinciden en que la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones, sino también en las familias, al ser el primer entorno de supervisión.

El reto es claro: definir cómo actuar ante un fenómeno que dejó de ser un juego en redes sociales para convertirse en un riesgo real en las escuelas.