En sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Durango, diputadas y diputados debatieron los posibles efectos de la nueva Ley General de Aguas y de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en el sector rural, en un intercambio de posturas que reflejó tanto la preocupación de productores del campo como la necesidad de explicar con claridad el alcance del nuevo marco legal.

El tema se abordó durante la agenda política, luego de que el diputado César Rivas, del Partido Acción Nacional, expusiera que tras la publicación del decreto federal en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 11 de diciembre de 2025, han surgido dudas entre agricultores y ganaderos sobre cómo se aplicará la ley en la práctica. Desde tribuna, señaló que “en el campo el uso del agua es vida, es trabajo y es familia”, por lo que cualquier cambio en las reglas debe ser explicado con precisión y cercanía.

Rivas indicó que al recorrer distintas regiones del estado ha escuchado inquietudes relacionadas con los derechos de agua ya existentes, el funcionamiento de los pozos agrícolas y la posible carga administrativa que pudiera derivarse de la nueva legislación. En ese sentido, sostuvo que “estas preocupaciones son legítimas y tienen que ser respondidas con claridad, con información precisa y con cercanía”, y advirtió que la falta de información puede generar incertidumbre en comunidades que dependen directamente del agua para su sustento.

El legislador panista subrayó que no se trata de oponerse a la reforma, cuyo objetivo es garantizar el derecho humano al agua, la sostenibilidad y la transparencia en su administración, sino de evitar que el nuevo marco legal se perciba como una imposición. Por ello, enfatizó que “el campo merece información clara, sin tecnicismos, sin miedo ni confusión”, y recalcó que “la información debe llegar primero que el miedo, y la certidumbre debe ser más fuerte que los rumores”.

Desde esta postura, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales responsables del agua para que impulsen jornadas de socialización, foros informativos y asesoría directa en comunidades rurales, a fin de que productores conozcan con certeza qué cambia y qué no con la Ley de Aguas, y cómo pueden ejercer sus derechos sin enfrentar laberintos burocráticos.

En el debate participó también el diputado Alejandro Mata, de Morena, quien coincidió en la importancia de informar y dialogar con el sector rural, pero señaló que la discusión debe partir de datos claros y del contexto general de la reforma. Indicó que el nuevo marco legal busca ordenar el uso del agua, priorizar el consumo humano y avanzar hacia un manejo más sustentable del recurso, en un escenario de estrés hídrico que afecta a diversas regiones del país.

Mata consideró que es necesario evitar interpretaciones que generen alarma y planteó que la aplicación de la ley debe analizarse tomando en cuenta las particularidades regionales. En ese sentido, sostuvo que escuchar a las comunidades rurales “no es una formalidad, es un acto de justicia”, sobre todo cuando se trata de un recurso tan vital como el agua.

Durante el intercambio de opiniones quedó de manifiesto que, más allá de las diferencias partidistas, existe coincidencia en que el campo requiere certidumbre jurídica, información oportuna y acompañamiento institucional. Legisladores señalaron que el reto está en lograr que los objetivos de la reforma federal se traduzcan en beneficios reales, sin afectar la productividad agrícola ni la actividad ganadera.

El debate en la Comisión Permanente dejó en claro que la implementación de la Ley de Aguas será un tema de seguimiento para el Congreso local, debido a la importancia estratégica del recurso hídrico para el campo duranguense, un sector que representa el sustento de miles de familias y una pieza clave para la economía del estado.