Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron que presentarán una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Jhonatan Jardines, delegado de la Secretaría de Bienestar en Durango, por delitos electorales derivados del uso faccioso de los programas sociales federales.

Ambos partidos afirmaron que ya están documentando los hechos para llevarlos ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), luego de que se difundiera una grabación en la que Jardines instruye a sus coordinadores regionales a operar políticamente en favor de los candidatos de la Cuarta Transformación, amenazando incluso con despidos y utilizando infraestructura del gobierno federal.

“Es un delito electoral que estamos siguiendo de cerca. La grabación es clara. Está usando los recursos que deberían llegar a los ciudadanos como herramienta de campaña política”, señaló Mario Salazar, dirigente estatal del PAN.

Salazar criticó también la llamada “campaña de limpieza” en la que el delegado habría ordenado retirar logotipos institucionales de los vehículos oficiales, presuntamente para operar sin ser detectados. “Eso es inadmisible y vergonzoso. Está jugando con el dinero de las y los ciudadanos y con su necesidad. Estamos hablando de recursos que no son de Morena ni de ningún partido, sino del pueblo de México”, sentenció.

El panista confirmó que el caso será respaldado a nivel nacional por figuras como la senadora Michelle González, secretaria general del PAN, quien ya fue informada del caso y dará seguimiento desde el Senado. “Esto no puede quedar en la impunidad. No queremos que pase como en Chihuahua o en Morelos, donde simplemente hacen oídos sordos”, advirtió.

Por su parte, Dany Soto, dirigente estatal del PRI, calificó como “el colmo del cinismo y el descaro” las acciones del delegado federal. Denunció que se está abusando de la vulnerabilidad de la ciudadanía para obtener rédito político.

“La Delegación de Bienestar es la más importante del gobierno federal en Durango. Administra recursos que son para quienes realmente los necesitan. Y este señor, en lugar de respetar eso, se dedica a utilizarlos como herramientas de campaña. Es un insulto a los duranguenses”, afirmó.

Soto cuestionó la legitimidad de Jardines en el cargo y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que lo remueva inmediatamente y designe a una persona duranguense, con sensibilidad social y conocimiento real de las necesidades del estado. “Si Jhonatan quiere operar elecciones, que se haga presidente de Morena, no delegado. Porque está equivocado de lugar”, recalcó.

Además, recordó su experiencia personal con programas sociales en su infancia: “A mí me tocó de niña ser beneficiaria de programas como Solidaridad. Qué bueno que en ese tiempo no había un Jonathan Jardines que amenazara a mi mamá o usara a los empleados para intimidar a los beneficiarios”.

Ambos dirigentes coincidieron en que este caso no debe minimizarse, y que representa una violación directa a la ley y a la dignidad de las personas. También criticaron a quienes buscan defender al delegado, acusándolos de encubrir lo indefendible. “Taparse los ojos ante esto es repetir la política de siempre: negar, minimizar y decir que ‘ellos tienen otros datos’”, dijo Soto.

Con esta denuncia formal, PRI y PAN exigen una investigación seria por parte de la FGR y que se apliquen las sanciones correspondientes por la presunta instrumentalización electoral de los programas sociales.

Por: Antonio Gaytán

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