Durango no se opone a integrarse al IMSS-Bienestar, pero la transición continúa detenida, sin fecha definida y sujeta a decisiones federales en medio de un rediseño nacional del sistema de salud. El titular de la Secretaría de Salud estatal, Moisés Nájera, fue claro: “no estamos negados” a adherirse al modelo, aunque el proceso no depende del estado.

El funcionario explicó que el freno actual responde a un relevo en el equipo operativo federal con el que se venía trabajando, lo que obligará a reiniciar las mesas de diálogo una vez que el nuevo responsable se integre y se “empape” del avance previo. Mientras tanto, Durango se mantiene a la espera de ser convocado nuevamente, en un proceso que —reconoció— avanza entidad por entidad y bajo una fuerte carga de trabajo a nivel nacional.

El escenario coincide con la implementación del modelo de salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea una credencialización universal para permitir que cualquier persona pueda ser atendida en instituciones públicas sin importar su derechohabiencia. Este esquema busca ordenar la atención médica y avanzar hacia la integración de sistemas como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en una sola lógica operativa.

En ese contexto, Nájera dejó ver que la incorporación de Durango no es inmediata ni automática. El estado ha planteado avanzar de manera gradual, condición que —aseguró— ya había sido aceptada en las mesas previas, aunque deberá confirmarse con el nuevo equipo federal. “Nada es negativo y lo que sea corregible se corrige”, resumió sobre el proceso.

El modelo que se discute no implica un incremento de personal ni de infraestructura, sino una redistribución de responsabilidades. La Secretaría de Salud estatal mantendría la rectoría de los programas —como campañas de vacunación, enfermedades respiratorias, gastrointestinales y crónicas—, mientras que la Federación asumiría la operación hospitalaria y la atención directa de pacientes.

Sin embargo, el propio secretario dejó entrever uno de los principales límites del sistema: la capacidad operativa ya está bajo presión. En la práctica, la Secretaría atiende a una población cercana a 1.9 millones de personas, no solo sin seguridad social, sino también a pacientes que, aun siendo derechohabientes del IMSS, ISSSTE o incluso de aseguradoras privadas, terminan en hospitales estatales, particularmente en unidades de alta demanda como el Hospital 450.

A esto se suma un punto crítico en la negociación: la situación laboral del personal. El gobierno estatal ha solicitado la basificación de trabajadores de contrato como condición para avanzar, al considerar que se trata de una “justicia” para quienes ya laboran en el sistema. No obstante, el propio Nájera reconoció que este proceso depende de decisiones hacendarias federales, lo que añade un componente financiero y político a la discusión.

Sobre la implementación de la credencialización universal, el secretario minimizó su impacto operativo inmediato al señalar que la atención ya se brinda de manera amplia, más allá de la afiliación formal de los pacientes. En ese sentido, consideró que el cambio sería más de orden administrativo que de ampliación real de servicios.

Aun así, el fondo del proceso es mayor. La eventual adhesión de Durango al IMSS-Bienestar se da en paralelo a la construcción de un sistema nacional de salud que busca unificar la atención pública en México, lo que implica no solo cambios administrativos, sino una reconfiguración completa de responsabilidades entre estados y Federación.

Así, el mensaje es claro: Durango no se resiste al IMSS-Bienestar, pero tampoco marca el ritmo. La transición está detenida por ajustes internos en la interlocución federal, avanza bajo condiciones aún no resueltas y forma parte de un modelo nacional que sigue en construcción y sin tiempos definidos.