Durango se ubicó por encima del promedio nacional en la tasa de adolescentes imputados por la presunta comisión de un delito durante 2024, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El informe también confirma que, a nivel nacional, las imputaciones contra adolescentes mantienen una tendencia al alza, con un incremento de 7.1 por ciento respecto al año anterior.

La entidad registró una tasa de 271.9 adolescentes imputados por cada 100 mil personas de entre 12 y 17 años, superior al promedio nacional de 259.3, lo que la ubica en el lugar 13 entre las 32 entidades federativas. En total, 14 estados superaron la media nacional, encabezados por Aguascalientes, Nuevo León, Sonora y Ciudad de México, mientras que Tlaxcala reportó la tasa más baja del país.

Aunque Durango no figura entre las entidades con los índices más elevados, sí aparece por encima del promedio nacional, un dato que cobra relevancia al considerar que el número de adolescentes imputados en México continúa creciendo.

Durante 2024, las fiscalías y procuradurías estatales registraron 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de un delito, cifra superior a los 32 mil 852 reportados en 2023. Esto representa un incremento anual de 7.1 por ciento y un aumento de 55.4 por ciento respecto de 2021, cuando se contabilizó el menor número de adolescentes imputados desde que comenzó la serie estadística.

La evolución también se refleja en la tasa nacional. Mientras en 2021 se registraban 166.5 adolescentes imputados por cada 100 mil personas adolescentes, para 2024 la cifra aumentó a 259.3, equivalente a un crecimiento de 55.8 por ciento en apenas tres años.

El análisis del INEGI muestra además que la participación de hombres continúa siendo ampliamente mayoritaria. En 2024, cerca de ocho de cada diez adolescentes imputados fueron hombres, una proporción que prácticamente se ha mantenido sin cambios desde 2017.

El comportamiento por entidades evidencia diferencias importantes. Aguascalientes registró la tasa más alta del país con 841.1 adolescentes imputados por cada 100 mil habitantes de ese grupo de edad; Nuevo León alcanzó 665.4; Sonora, 631.5, y Ciudad de México, 611.8. Después aparecen Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Coahuila, Quintana Roo, Baja California Sur y Colima, antes de Durango, que ocupa la posición número 13 con una tasa de 271.9. En contraste, Tlaxcala cerró el año con apenas 10.5 adolescentes imputados por cada 100 mil.

Otro de los hallazgos relevantes del estudio es el cambio en los delitos que originan las carpetas de investigación. Durante cinco años consecutivos, entre 2017 y 2021, el robo fue el delito más frecuente cometido por adolescentes; sin embargo, desde 2022 las lesiones pasaron al primer lugar y conservaron esa posición durante 2024.

Las lesiones concentraron 23.5 por ciento de los delitos registrados en las carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes. En segundo lugar apareció el robo, con 12.6 por ciento; posteriormente las amenazas, con 10.6 por ciento; el abuso sexual, con 8.6 por ciento, y el narcomenudeo, con 8.4 por ciento. El resto correspondió a una amplia variedad de conductas tipificadas en la legislación penal.

El informe también aporta información sobre las víctimas relacionadas con estos casos. Durante 2024 se registraron 27 mil 912 víctimas en las carpetas de investigación iniciadas dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De ellas, seis de cada diez fueron mujeres y 58.9 por ciento tenía menos de 20 años de edad, lo que refleja que buena parte de las personas afectadas también pertenece a grupos jóvenes.

Al cierre de 2024 había 4 mil 95 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en el país. Del total, 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad, mientras que 35.7 por ciento permanecía bajo alguna medida privativa o restrictiva de la libertad, como internamiento preventivo, internamiento o semiinternamiento.

Durante 2024 ingresaron mil 562 adolescentes a los centros estatales de internamiento en el país, cifra que representa un incremento de 3.6 por ciento respecto a 2023, luego de varios años en los que el número de ingresos había mostrado una tendencia descendente. Del total de adolescentes internados, nueve de cada diez fueron hombres.

En el caso de Durango, la tasa fue de 12 ingresos por cada 100 mil adolescentes de entre 14 y 17 años, inferior al promedio nacional de 17.2, lo que refleja que, aunque la entidad registra una tasa de adolescentes imputados superior a la media del país, una menor proporción de esos casos deriva en una medida de internamiento.

Las cifras muestran además un cambio importante en el perfil de los delitos que llevan a los adolescentes a centros especializados. Entre 2017 y 2023, el robo ocupó el primer lugar como principal causa de internamiento; sin embargo, en 2024 el narcomenudeo desplazó por primera vez a ese delito y se convirtió en la principal causa de ingreso.

El narcomenudeo concentró 19.4 por ciento de los delitos cometidos por adolescentes que ingresaron a centros de internamiento, seguido por homicidio con 16.6 por ciento; robo con 16 por ciento; delitos relacionados con armas, explosivos y otros materiales destructivos con 15.2 por ciento, y violación con 12.7 por ciento.

Al analizar los datos por sexo, el estudio muestra que entre los hombres adolescentes privados de la libertad el narcomenudeo representó 18.6 por ciento de los delitos registrados, seguido por homicidio y robo. Entre las mujeres adolescentes, el narcomenudeo también ocupó el primer lugar, al concentrar 29.4 por ciento de los casos, seguido por delitos relacionados con armas y explosivos, homicidio, robo y secuestro.

Otro indicador que refleja los desafíos del sistema de justicia penal para adolescentes es el tiempo que tardan en resolverse los procesos. Al cierre de 2024, 33.1 por ciento de los adolescentes que permanecían en internamiento aún no contaba con una resolución de su caso penal, el porcentaje más alto registrado desde 2017. En otras palabras, uno de cada tres adolescentes privados de la libertad seguía en espera de una resolución judicial.

Pese a ello, el INEGI reportó que los centros especializados del país operaron por debajo de su capacidad instalada. La ocupación promedio nacional fue de 24 adolescentes por cada 100 camas útiles, por lo que ninguna entidad federativa presentó sobrepoblación en sus instalaciones.

Durango destacó precisamente por registrar una de las ocupaciones más bajas del país. El centro especializado de internamiento operó con una ocupación equivalente a 3.2 adolescentes por cada 100 camas disponibles, únicamente por encima de Sinaloa y Tlaxcala, lo que indica una amplia disponibilidad de espacios para la atención de adolescentes sujetos a medidas privativas de la libertad.

El informe también ofrece un panorama sobre las características sociales de los adolescentes que forman parte del Sistema Integral de Justicia Penal. Entre quienes permanecían en internamiento al cierre de 2024, 34.5 por ciento tenía la secundaria como máximo nivel de estudios, mientras que 32.6 por ciento había cursado preparatoria. Además, 18.1 por ciento no contaba con escolaridad o únicamente había concluido la primaria, un indicador que evidencia condiciones de rezago educativo entre una parte importante de esta población.

Como parte del contexto que rodea a las personas adolescentes en México, las EPACOL incorporan indicadores sobre violencia. Durante 2024 se registraron mil 153 homicidios de adolescentes en el país; de ellos, 86 por ciento correspondió a hombres. Asimismo, la tasa nacional de suicidios entre adolescentes fue de 5.1 por cada 100 mil habitantes de ese grupo de edad. El reporte destaca que la tasa de suicidios entre mujeres adolescentes prácticamente se duplicó durante los últimos años, al pasar de 3.2 en 2017 a 5.0 en 2024, acercándose al nivel observado entre los hombres.

Las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026 constituyen la segunda edición de este programa del INEGI y actualizan la información correspondiente a 2024 con base en registros de procuración e impartición de justicia, seguridad pública, sistemas penitenciarios, estadísticas de defunciones y proyecciones de población.

Para Durango, los resultados muestran un panorama con distintos matices. Mientras la entidad se ubicó por encima del promedio nacional en la tasa de adolescentes imputados por la presunta comisión de un delito, también presentó una tasa de ingresos a centros de internamiento inferior a la media nacional y una de las menores ocupaciones de espacios especializados del país, indicadores que reflejan diferentes etapas del sistema de justicia para adolescentes y aportan un panorama más amplio sobre este fenómeno en la entidad.