La violencia física, psicológica o sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las principales amenazas a su desarrollo integral y, lastimosamente, sigue estando presente en la sociedad, bajo preceptos que la normalizan, avalan y en muchos casos la dejan impune.

La baja participación de los padres.

Débiles lazos afectivos con los padres o los cuidadores.

Bajo nivel de estudios y bajos ingresos de los padres.

Abuso de sustancias o delincuencia de los padres, son algunas de las causas que ocasionan la violencia contra los menores de edad.

En lo que se refiere al tema, Cecilia Rodríguez, Procuradora de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes en el DIF Estatal, manifestó que se tienen mil 746 embarazos adolescentes registrados en el estado de Durango y la violencia desafortunadamente se ha normalizado, aseguró que han realizado resguardos inmediatos porque hay ocasiones que los mismos familiares no denuncian porque los agresores los mantienen económicamente y no quieren perder ese beneficio.

En el tema del recurso económico para atender todos estos trámites en la Procuraduría de la defensa de la Niña, el Niño y los adolescentes, Cecy Rodríguez comentó que lo ideal sería contar con el presupuesto necesario, dijo que por parte del DIF Estatal hacen milagros y detalló que no hay recurso que alcance, «lamentablemente ahorita son mil 391 reportes de distinta índole, los equipos están muy saturados, pero se está haciendo todo lo que se puede y se priorizan los casos de mayor impacto».

Destacó que a quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a 10 años de prisión y hasta doscientos días multa.

La violencia más común que se presenta en los menores de edad, es a través de golpes, patadas, empujones, fracturas, mutilaciones, disparos, torturas, así como la psicológica o emocional, aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona.

El artículo 21 manifiesta que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional.

Por: Víctor Salas