El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Durango para castigar la extracción, apropiación o distribución ilegal del agua, con el objetivo de proteger el derecho humano al acceso equitativo a este recurso, evitar la impunidad y frenar el aprovechamiento indebido de un bien que pertenece a todos.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia, surgió de dos iniciativas que destacan la necesidad de que el agua —por ser un recurso natural limitado y esencial— sea administrada con legalidad, equidad y sustentabilidad.

“No es un acto punitivo, es un acto de justicia y de protección al interés colectivo”, afirmó la diputada Flora Leal Méndez, al razonar su voto a favor.

La legisladora subrayó que esta reforma busca fomentar una cultura de responsabilidad y legalidad en torno al uso del agua, además de garantizar que las y los duranguenses cuenten con un suministro seguro, supervisado y libre de irregularidades.

Sanciones más severas

Con esta reforma, quien no supervise o ejecute el proceso de desinfección del agua potable bajo su responsabilidad podrá recibir de dos a seis años de prisión y una multa de 144 a 432 veces la UMA.
Si se trata de un servidor público, será además destituido e inhabilitado hasta por seis años.

Asimismo, se sancionará con dos a seis años de prisión y multa a quien distribuya o suministre agua sin autorización con fines de lucro; y con uno a tres años de prisión a quien extraiga agua de fuentes no autorizadas.

La pena aumentará en una mitad adicional cuando el delito sea cometido por un servidor público que controle o facilite el desvío del recurso.

Protección al bien común

Las y los diputados coincidieron en que el agua debe tratarse como un bien público y no un negocio, por lo que el derecho penal debe intervenir cuando se comprometa el acceso equitativo o se generen daños sociales y ambientales.

“Garantizar el agua limpia y legal es también garantizar la vida”, sostuvo Leal Méndez.

Por: Antonio Gaytán