El diputado Ernesto Alanís Herrera (PRI) presentó una iniciativa para expedir el Código de Ética del Poder Legislativo, al advertir que el Congreso de Durango carece actualmente de este instrumento, pese a ser una obligación legal vigente desde 2017.

“No hay combate real a la corrupción sin congruencia institucional, no hay legitimidad sin ética y no hay excusas válidas para seguir en omisión”, sostuvo desde tribuna.

El también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política explicó que esta ausencia representa una debilidad normativa, al dejar sin claridad los estándares de conducta y limitar mecanismos efectivos de responsabilidad interna dentro del Congreso.

La propuesta busca establecer de manera clara los principios, valores y normas que deben regir el actuar de diputadas, diputados y de todo el personal que integra el Poder Legislativo, incluyendo trabajadores de base, personal de confianza, prestadores de servicio social, practicantes y colaboradores.

Detalló que el Código contempla mecanismos para prevenir conductas indebidas, así como procedimientos que permitan investigar y, en su caso, sancionar acciones que vulneren los principios éticos del servicio público.

Alanís Herrera subrayó que en un Estado constitucional de derecho no basta con cumplir con la legalidad formal, sino que se requiere un comportamiento ético permanente que garantice que cada decisión, acción u omisión esté orientada al interés público.

“La ética no puede seguir siendo solo un discurso, tiene que convertirse en norma, en obligación y en ejemplo”, expresó.

Recordó que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se estableció la obligación de que todos los entes públicos cuenten con un Código de Ética como herramienta preventiva en el combate a la corrupción.

En ese sentido, precisó que el artículo 16 de dicha ley establece que toda persona servidora pública debe observar un Código de Ética conforme a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales son de aplicación obligatoria para los tres órdenes de gobierno.

El legislador enfatizó que la ausencia de este instrumento no debe entenderse como un señalamiento personal, sino como un llamado a la congruencia institucional, al recordar que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de crear normas y vigilar su cumplimiento.

“La confianza pública no se hereda, se construye y también se puede perder”, advirtió.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su análisis.

Con esta propuesta, el Congreso enfrenta la posibilidad de corregir una omisión institucional vigente desde hace años y avanzar hacia reglas claras de conducta en el ejercicio público.