Para evitar que la actividad minera deje daños permanentes al medio ambiente y afectaciones a las comunidades, el diputado Ernesto Alanís Herrera presentó una iniciativa que obliga a las empresas a establecer planes de cierre desde el inicio de sus operaciones.

Durante su intervención en tribuna, el legislador advirtió que uno de los principales problemas del sector es la falta de reglas claras al momento de concluir la explotación, lo que ha derivado en sitios abandonados, contaminación y pasivos ambientales que persisten durante años.

Ante este escenario, explicó que su propuesta busca establecer un proceso de cierre ordenado, gradual y con seguimiento puntual, que garantice la restauración del entorno y evite riesgos para la población.

Detalló que las empresas deberán contemplar desde la planeación de sus proyectos las acciones necesarias para la rehabilitación del terreno, el manejo adecuado de residuos y la mitigación de impactos una vez que finalice la actividad extractiva.

Asimismo, subrayó que estos procesos deberán estar sujetos a supervisión, con el objetivo de asegurar que no existan afectaciones a la salud, a los recursos hídricos ni al entorno de las comunidades cercanas.

El diputado señaló que, aunque la minería es una actividad clave para el desarrollo económico de varias regiones de Durango, es indispensable que se realice bajo criterios de responsabilidad ambiental.

“La minería es clave para el desarrollo de varias regiones de Durango. Por eso presenté una iniciativa para asegurar su correcta operación y un cierre responsable, mediante un proceso ordenado, gradual y con seguimiento puntual, que proteja a las comunidades, respete a la ciudadanía y cuide el medio ambiente”, expresó.

En ese sentido, advirtió que sin una regulación adecuada, el cierre de minas puede generar impactos negativos a largo plazo, afectando tanto a los ecosistemas como a la calidad de vida de las personas.

Finalmente, Alanís consideró que esta iniciativa permitirá cerrar vacíos legales en la materia, fortalecer el marco normativo y garantizar que las empresas mineras asuman su responsabilidad no solo durante la operación, sino también al concluirla.