Los padres de pandilleros juveniles pueden enfrentar sanciones legales, según explicó el abogado Carlos Eduardo López Fuentes. Tanto el gobernador Esteban Villegas como el alcalde Toño Ochoa han enfatizado la importancia de desarticular estas pandillas en Durango, actuando conforme a la ley.

La Ley Nacional de Justicia para los Adolescentes establece que menores de 12 años no pueden ser penalizados, pero pueden recibir medidas de reinserción. A partir de los 12 años, sí es posible imponer sanciones, dependiendo de la gravedad del delito. Para delitos graves como homicidio, terrorismo o violación, los adolescentes de 14 a 16 años pueden enfrentar hasta tres años de reclusión en un centro de reintegración, y de 16 a 18 años, hasta cinco años.

¿Qué dice la ley sobre los pandilleros juveniles?

Los operativos de seguridad, como el Operativo Dragón, buscan prevenir la delincuencia juvenil. La policía tiene la facultad de detener a menores que porten objetos peligrosos o participen en actos ilícitos, siempre siguiendo los protocolos legales. Las detenciones deben ser evaluadas por un juez para determinar su legalidad y proceder conforme a la normativa.

Los padres de pandilleros juveniles pueden defender a sus hijos, pero si un menor comete un delito, enfrentará un proceso legal. La ley prioriza la reinserción de los adolescentes, promoviendo programas de apoyo psicológico y reintegración social a través del DIF.

¿Pueden ser castigados los padres de pandilleros juveniles?

Sí, los padres pueden ser responsables legalmente por los actos de sus hijos. Las sanciones pueden incluir la pérdida de la patria potestad, suspensión de la custodia e incluso sanciones económicas para la reparación de daños a las víctimas. La ley busca equilibrar la protección de los derechos de los menores con la obligación de los padres de velar por su conducta.

En conclusión, el Estado tiene la responsabilidad de desarticular pandillas juveniles, pero con un enfoque de prevención y reinserción más que punitivo. No obstante, cuando se cometen delitos graves, tanto los menores como sus padres pueden enfrentar consecuencias legales.