En el Congreso del Estado, el diputado Héctor Herrera Núñez, de la coalición parlamentaria Cuarta Transformación, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Durango para endurecer las sanciones contra la extorsión, delito que calificó como uno de los más dañinos para la vida diaria, pues “roba tranquilidad, confianza y dignidad” a miles de familias, productores y pequeños comerciantes.

Herrera advirtió que este delito ha golpeado con especial fuerza al campo, donde campesinos y ganaderos son obligados a vender por debajo del precio justo o incluso a entregar parte de sus cosechas bajo amenazas. “Defender el campo no es un acto retórico, es defender la dignidad de nuestra gente, la raíz de nuestra identidad y la base de la economía duranguense”, enfatizó en tribuna.

Tres ejes de la propuesta

La reforma planteada por el legislador se centra en tres puntos clave:

1. Elevar las penas por extorsión, imponiendo castigos ejemplares y limitando el acceso a beneficios de libertad anticipada.

2. Tipificar la sextorsión, que atenta contra la intimidad de las personas mediante la amenaza de difundir imágenes privadas.

3. Reconocer agravantes específicas en casos de extorsión comercial y productiva, con el objetivo de proteger tanto a pequeños negocios como a trabajadores del campo.

Un delito que paraliza la economía

Herrera sostuvo que la extorsión no sólo afecta al patrimonio, sino que inhibe la inversión, estrangula la libre competencia y genera miedo permanente en quienes intentan trabajar honradamente. Señaló que en el comercio local, los delincuentes imponen precios, obligan a adquirir insumos y controlan clientelas, prácticas que asfixian a micro y pequeñas empresas.

“Quien ha sido víctima de extorsión sabe que no se trata únicamente de dinero, sino de una marca que condiciona la vida entera”, puntualizó el legislador.

Conexión con la estrategia nacional

El diputado recordó que esta propuesta se enlaza con la reforma aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general contra la extorsión, homologando sanciones en todo el país y permitiendo perseguir este delito de oficio, sin necesidad de denuncia previa.

Próximos pasos

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis. De aprobarse, colocaría a Durango entre los estados con mayor rigor legal frente a este delito, reforzando la protección a campesinos, productores y pequeños comerciantes, sectores que, según Herrera, representan “el corazón de la economía popular” del estado.

Por: Antonio Gaytán