En el arranque del segundo periodo ordinario de sesiones, colectivas feministas llamaron al Congreso del Estado a avanzar en la despenalización del aborto en Durango, tras la sentencia federal que declaró inconstitucional la prohibición absoluta en la entidad.

La diputada Delia Leticia Enríquez Arriaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, recordó que en marzo de 2025 presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, la cual ya se encuentra en la Comisión de Justicia en etapa de dictamen.

Indicó que existen los elementos jurídicos necesarios para que el tema sea debatido durante este periodo ordinario y expresó su expectativa de que pueda subir al pleno en las próximas semanas.

La legisladora también reconoció la apertura del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ernesto Alanís Herrera, para dialogar sobre temas vinculados a derechos humanos.

Por su parte, Francisco Cué, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó que el 18 de julio de 2025 el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el amparo en revisión 116/2023, en el que declaró inconstitucional la prohibición absoluta del aborto voluntario en Durango y ordenó reformar la legislación penal.

La actual legislatura fue notificada el 5 de septiembre de 2025. Aunque el plazo inicial para cumplir vencía el 15 de diciembre, el proceso continúa en revisión tras recursos promovidos por el área jurídica del Congreso.

Julieta Hernández Camargo, de Sí Hay Mujeres en Durango, subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció desde 2021 que la criminalización del aborto vulnera la autonomía reproductiva y los derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar.

María Hernández Uribe, de Redefine Durango, recordó que en 2022 se presentó la primera iniciativa popular impulsada por colectivas locales, respaldada por más de 7 mil firmas ciudadanas. Señaló que mantener la penalización genera una desigualdad estructural, ya que las mujeres con recursos pueden trasladarse a entidades donde el aborto ya está despenalizado, mientras que quienes viven en contextos de pobreza enfrentan mayores riesgos de criminalización o recurren a procedimientos inseguros.

“La ley, tal como está hoy, también castiga la pobreza”, expuso.

Desde el enfoque de salud pública, Cristina Santana, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, informó que en 2025 se registraron 687 ingresos hospitalarios por aborto en Durango, incluidos casos espontáneos e inducidos, además de 52 atenciones relacionadas con intentos fallidos.

Añadió que 964 residentes del estado interrumpieron un embarazo el año pasado, de los cuales 277 habrían sido atendidos en otras entidades.

María José Landeros, de Acompañantes Laguna, indicó que entre 2020 y 2025 realizaron 470 acompañamientos de aborto autogestivo en Gómez Palacio y Lerdo. Explicó que el aborto ocurre independientemente de su estatus legal y que la criminalización no impide su práctica, sino que incrementa los riesgos y el estigma.

Las colectivas precisaron que actualmente no hay mujeres privadas de la libertad en Durango por el delito de aborto; sin embargo, señalaron que la vigencia del tipo penal genera temor tanto en usuarias como en personal médico, lo que puede inhibir el acceso oportuno a servicios de salud.

Las organizaciones coincidieron en que la despenalización no obliga a ninguna persona a interrumpir un embarazo, sino que busca evitar la criminalización y garantizar condiciones seguras, y manifestaron su expectativa de que el debate avance durante el actual periodo legislativo.