Un grupo de feministas identificadas como bloque negro puso en riesgo la vida de trabajadores del Congreso del Estado de Durango al irrumpir violentamente e incendiar oficinas tras la marcha del 8M. El fuego no solo destruyó áreas clave del Palacio Legislativo, sino que además provocó una situación de alto riesgo para manifestantes y empleados que se encontraban dentro del edificio.

A pesar de la gravedad de los hechos, aún no se ha decidido si se presentará una denuncia por los daños causados. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Héctor Herrera, declaró que aunque se respeta el derecho a la manifestación, la violencia desmedida generó un grave riesgo para la integridad de varias personas. Además, detalló que las pérdidas materiales incluyen equipos de cómputo calcinados, archivos digitales irrecuperables y oficinas completamente destruidas.

Violencia en el Congreso de Durango tras la marcha 8M

El incendio se originó cuando un grupo de manifestantes, tras concluir la marcha del 8 de marzo, irrumpió en el Congreso del Estado y comenzó a provocar destrozos en su interior. Testigos afirman que el grupo, conocido como bloque negro, rompió ventanas, ingresó al edificio y roció líquidos inflamables en varias oficinas antes de prender fuego a documentos y mobiliario.

Las llamas rápidamente se extendieron, generando una gran columna de humo que dificultó la salida de varias personas que se encontraban en el recinto. Entre los afectados había siete trabajadores del Congreso, quienes quedaron atrapados en el edificio durante el incendio. Uno de ellos presentó síntomas de asfixia debido a la gran cantidad de humo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Además, una policía estatal sufrió quemaduras mientras intentaba controlar la situación y auxiliar a los manifestantes que también quedaron atrapados en el edificio. “Se puso en riesgo la vida de los propios participantes de la marcha porque algunas personas que iniciaron el fuego no podían salir. Fueron elementos de Protección Civil, policías estatales y el mismo personal del Congreso quienes ayudaron a rescatar a los atrapados”, explicó Héctor Herrera.

Daños y archivos destruidos, sin denuncia aún

El secretario general del Congreso, David Gerardo Enríquez Díaz, informó que su oficina fue una de las más afectadas por el incendio. “Se dañaron equipos de cómputo, laptops, impresoras, copiadoras y la sala de espera. Pero lo que más nos preocupa es la pérdida de archivos legislativos importantes”, comentó.

Entre los documentos destruidos se encontraban minutas de sesiones, iniciativas de ley, comunicados y peticiones de la ciudadanía. Algunos de estos archivos estaban en formato digital, pero varias computadoras y dispositivos USB quedaron derretidos, lo que hace imposible su recuperación.

Enríquez Díaz expresó su inquietud ante la situación, ya que la pérdida de estos documentos afectará la operatividad del Congreso en las próximas semanas. “Era información clave para la legislatura. Ahora tendremos que evaluar qué documentos pueden recuperarse y qué medidas tomaremos para reconstruir la documentación perdida”, afirmó.

Impacto en la labor legislativa

El incendio ha generado un retraso en los procesos administrativos y legislativos del Congreso, ya que muchas iniciativas y propuestas de ley quedaron destruidas. Los legisladores ahora enfrentan el reto de reconstruir archivos y reorganizar el trabajo pendiente.

Héctor Herrera reconoció que la situación representa un golpe para el funcionamiento del Congreso, pues la documentación perdida incluía trámites pendientes que debían enviarse a instancias federales en Ciudad de México. “Vamos a valorar qué se alcanzó a rescatar y qué no. Muchos de estos documentos eran trámites esenciales”, señaló.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política se encuentra evaluando la magnitud del daño y determinando si se interpondrá una denuncia formal. Herrera reiteró que si bien apoyan la lucha feminista y el derecho a la manifestación, la violencia desmedida no puede justificarse ni permitirse.

Posibles acciones legales y reconstrucción

Ante la pérdida de documentos y daños en las instalaciones, el Congreso del Estado deberá destinar recursos a la reconstrucción de las oficinas afectadas. Se espera que en los próximos días se realicen valoraciones detalladas de los costos y se establezca un plan de recuperación.

Sobre las posibles acciones legales, la decisión final quedará en manos de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que en las próximas reuniones determinará si se procederá con una denuncia penal contra los responsables. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información y testimonios sobre lo sucedido.

“La ciudadanía está a favor de las manifestaciones, pero no de los excesos que puedan dañar vidas humanas”, concluyó Héctor Herrera.