La septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Durango concluyó la fase de la glosa del Tercer Informe de Gobierno con la comparecencia de dos dependencias clave para el equilibrio de las finanzas públicas y la transparencia administrativa: la Secretaría de Finanzas y Administración, a cargo de Franklin Corlay Aguilar, y la Secretaría de la Contraloría, encabezada por Isolda del Rosario González Cisneros.

En la sesión realizada ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas realizaron un amplio bloque de cuestionamientos, centrados en temas como el incremento en los ingresos propios, el manejo de la deuda pública, los pagos pendientes a proveedores, la situación del predial municipal, la transición tras la desaparición del IDAIP y los avances en fiscalización y sanciones contra servidores públicos.

La presidenta de la Comisión, Rocío Rebollo Mendoza, condujo los trabajos, subrayando que este cierre de la glosa marca un ejercicio de rendición de cuentas directo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con miras al análisis del Paquete Económico 2026.

Ingresos históricos y alivio a la deuda: Finanzas presume semáforo en verde

El secretario Franklin Corlay Aguilar expuso que Durango ha alcanzado cifras históricas en materia de recaudación e ingresos propios, logrando pasar de un presupuesto inicial de 39 mil millones de pesos en 2022 a 51 mil millones con corte a julio de 2025. Este crecimiento no se explica por nuevos impuestos, aclaró, sino por una estrategia de actualización de padrones y coordinación con el SAT y el IMSS, que permitió detectar contribuyentes omisos y patrones que registraban a trabajadores bajo esquemas irregulares.

De esta manera, los ingresos propios crecieron en 6,540 millones de pesos en el periodo informado, con un estimado de 7,100 millones al cierre del ejercicio fiscal, lo que sitúa a Durango en los primeros lugares del país en eficiencia recaudatoria. Particularmente, se registró un crecimiento de 30% en el Impuesto sobre Nóminas y de 31.6% en el Impuesto para el Fomento de la Educación, además de un repunte en derechos registrales.

El funcionario destacó que esta recuperación permitió modificar la relación de dependencia de recursos federales: de un esquema cercano al 90% federales y 10% propios, se pasó a 60-40, lo que representa un cambio estructural para la planeación del gasto público.

En materia de deuda, Corlay subrayó que se concluyó exitosamente el refinanciamiento de 7,036 millones de pesos, enfocándose en créditos con altas tasas de interés, particularmente los contratados con Multiva y Bansí. Este movimiento generará ahorros por 932 millones en 41 meses y 2,649 millones a 10 años. Pero, más allá de la tasa, el mayor logro es que se redujo la proporción de participaciones federales destinadas al pago de deuda: de 49.8% a 33%.

“Esto significa que, a partir de noviembre, Hacienda dejará de retener 130 millones de pesos mensuales, es decir, 1,560 millones al año, recursos que podrán destinarse al pago de capital. Esa es la ruta correcta para liberar finanzas y dejar de hipotecar el futuro del estado”, enfatizó.

El secretario recordó que Durango pasó de estar en semáforo rojo en el Registro Único de Obligaciones Financieras a mantenerse en verde, además de mejorar su calificación crediticia de W positiva a BBB estable, con la expectativa de llegar en los próximos años a categoría A, similar a entidades como Querétaro.

No obstante, reconoció que la mayor presión sigue siendo el gasto corriente, en especial la nómina del magisterio y del sistema de telesecundarias, que no está federalizada en Durango. “Solo en nómina hablamos de entre 32 y 34 mil millones de pesos, lo que representa el 80% del gasto corriente”, precisó.

Contraloría: sanciones, auditorías y transparencia activa para la ciudadanía

La secretaria de la Contraloría, Isolda González, presentó un balance orientado a la prevención de la corrupción, la capacitación de servidores públicos y la atención ciudadana.

Entre los resultados destacó:

• Capacitación de más de 6,600 personas y casi 3,000 en el Seminario de Auditoría Gubernamental, incluyendo municipios y universidades.
• Atención al 100% de más de 900 denuncias ciudadanas recibidas vía el Sistema Integral de Denuncia, complementado con 420 buzones físicos en todo el estado.
• Recepción de 49,500 declaraciones patrimoniales y de intereses, con cumplimiento del 100% del gabinete.
• 112 nuevas investigaciones iniciadas, 62 expedientes turnados para sanción, 106 sanciones aplicadas y 14 casos graves remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa.
• 16 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción y la FGR.

En obra pública, la Contraloría realizó 230 revisiones y 2,239 acciones de fiscalización, con 606 obras verificadas en municipios como Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria y Rodeo, entre otros. Se auditó un monto de 455 millones de pesos, con observaciones en 23.45% de la muestra.

En materia de transparencia, se respondió a 3,395 solicitudes de información pública con un 96% de satisfacción ciudadana, y se obtuvieron avances en el portal tuobra.durango.gov.mx y en tableros de seguimiento al programa de uniformes escolares. Además, se registró un 90% de cumplimiento en obligaciones de transparencia tras 262 verificaciones preventivas a dependencias.

González resaltó que la Contraloría no solo fiscaliza, sino que también fomenta la participación ciudadana con comités de Contraloría Social y Comunitaria, concursos juveniles de cortometrajes sobre transparencia y jornadas infantiles de valores. “Cada denuncia atendida y cada auditoría realizada son pasos para devolver confianza a la gente. Hoy, Durango construye un gobierno más cercano y transparente”, aseguró.

Diputadas y diputados: reclamos por proveedores, predial y proyectos pendientes

La ronda de preguntas de legisladores reflejó inquietudes diversas sobre la salud financiera y administrativa del estado.

• Otniel García (Morena) cuestionó la transición de funciones tras la desaparición del IDAIP y el destino del incremento recaudatorio. Corlay respondió que gran parte de los recursos adicionales se han tenido que destinar a cubrir deudas heredadas, incluidas multas del SAT y obligaciones con el magisterio.
• Verónica González (PAN) pidió claridad sobre la recaudación del Predial y el pago a proveedores heredados. El secretario reconoció el rezago: fuera de Durango, Gómez y Lerdo, la recaudación ronda solo el 18%. Anunció campañas conjuntas con municipios para elevar al menos al 30% el promedio, junto con esquemas para el cobro de agua. Sobre proveedores, aseguró que desde 2024 se han pagado 2,500 millones de pesos, pero aún persisten 443 millones en proceso de validación.
• Martín Vivanco (MC) solicitó precisar el costo del servicio de la deuda y el significado de pasar del semáforo rojo al verde. Corlay explicó que Durango paga más de 4 mil millones de pesos anuales en servicio de deuda y que la calificación crediticia redujo sobretasas de hasta 3 pp.
• Sandra Amaya (4T) reclamó falta de voluntad para pagar a proveedores locales. El secretario aseguró que se han atendido a todos los que presentan documentación válida y ofreció abrir reuniones con la Comisión de Hacienda para revisar casos específicos.
• Ernesto Alanís (PRI) pidió detalles sobre los ajustes a participaciones federales y el uso de créditos de corto plazo. Corlay admitió que en 2024 hubo caídas en transferencias federales, pero que fueron compensadas con mayores ingresos propios y convenios con el SAT para cobrar cartera fiscal.
• Héctor Herrera (PVEM) preguntó por el estatus de pagos a constructores y municipios afectados por transferencias no entregadas en la pasada administración. La Contraloría explicó que los casos están en manos de la FGR y la Fiscalía Anticorrupción, mientras Finanzas ofreció abrir mesas de trabajo con la Cámara de la Construcción para depurar pasivos legítimos.
• César Rivas (PAN) cuestionó el seguimiento a 14 expedientes de responsabilidad administrativa y las acciones para mejorar la calificación crediticia. González afirmó que se da seguimiento con el TJA y la Fiscalía, mientras Corlay aseguró que se trabaja en fortalecer ingresos propios, reducir cortos plazos y atraer inversión para consolidar la calificación.
• Delia Enríquez (Morena) planteó que el aumento de impuestos y derechos no se acompaña de una reingeniería del gasto. El secretario respondió que no hubo alzas de tasas, sino actualización de bases de datos, y que la mejora recaudatoria obedece a un esfuerzo de justicia fiscal y coordinación con autoridades federales.

Al cierre, la presidenta Rocío Rebollo subrayó que la sesión dejó claridad sobre los avances y retos en finanzas y contraloría, y llamó a mantener la interlocución abierta con miras a la discusión de cuentas públicas y el Paquete Económico 2026.

Retos y perspectivas: hacia un presupuesto 2026 más equilibrado

El balance final de la jornada deja una fotografía mixta: por un lado, logros evidentes en incremento de ingresos propios, refinanciamiento de deuda y mejora en calificación crediticia; por el otro, pendientes en el pago a proveedores locales, rezagos en recaudación municipal y alta presión del gasto corriente en nómina educativa.

La Contraloría, por su parte, mostró avances en sanciones, auditorías y transparencia, consolidando un sistema de participación ciudadana más robusto, aunque aún con la tarea de garantizar procesos ágiles en pagos, contrataciones y denuncias.

La discusión legislativa dejó claro que el próximo gran desafío será el Presupuesto 2026, que deberá reflejar tanto el alivio en las participaciones federales liberadas como una estrategia para invertir más en infraestructura y desarrollo productivo, sin dejar de atender compromisos heredados.

En palabras de varios diputados, “Durango ya salió del hoyo financiero más profundo, pero ahora tiene que traducir esa estabilidad en beneficios palpables para la economía local, el campo y las familias”.

Con la glosa cerrada, el Congreso se prepara para entrar en una nueva etapa de discusión presupuestal, donde lo expuesto por Finanzas y Contraloría será clave para evaluar la viabilidad del modelo económico estatal en el corto y mediano plazo.

Por: Antonio Gaytán