Redacción

Con el afán de señalar con hechos no comprobados al padre de sus hijas, hablando de un delito contra las menores, y sin importarle la estabilidad emocional de las pequeñas, Mónica Peyro volvió a denunciarlo ante las autoridades, pero ahora asegura que los hechos ocurrieron en Sinaloa, lo cual se confirma con la denuncia que ella misma presentó en la ciudad de Mazatlán.

Al tratarse de un posible intento de manipulación por no ver resultados favorecedores en la entidad duranguense, ella intentó acreditar en otro estado la supuesta agresión del padre contra su hija.

María del Carmen Aldama, abogada defensora del señor Gorjón, padre de las niñas, señaló ante los medios que «a pesar de que están determinadas las carpetas de investigación que ella hace en Durango, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para tratar que dicha autoridad tenga el tema, pero le dijeron que no. Que la competencia es en la entidad duranguense».

Agregó que a raíz de ello, «ahora presenta denuncia en Mazatlán por los mismos hechos de los cuales estamos inmersos en esta jurisdicción».

Con fecha 4 de octubre del 2022, Mónica Peyro acudió mediante otra declaración ante la agente del Ministerio Público, Patricia Fernanda Camargo García, adscrita a la Agencia Especializada en los Delitos Sexuales Región Sur en Sinaloa.

Fue en la calle Canal número 313, local número 02, del fraccionamiento Tellerías, de Mazatlán, Sinaloa, el sitio donde se registró la nueva comparecencia, iniciando la carpeta de investigación 1281/2022 y el número de oficio 3112/2022.

En la última declaración, Mónica puntualizó que los hechos se registraron el 29 de noviembre del 2019. Cabe recordar que anteriormente aseguraba que todo pasó en Durango, llamando incluso a una manifestación ciudadana para exigir justicia.

Carlos Badillo Aguirre, defensor legal, expresó que esto es ilegal, ya que sería un fraude procesal el hecho de denunciar esto en varios estados: «Es algo muy usado cuando tratas de engañar, dañar con dolo y coraje, es la manera de sorprender a la buena fe de las autoridades, pero legalmente es un fraude».

En reiteradas ocasiones ha expuesto su caso ante legisladores, medios de comunicación e incluso instancias y organizaciones nacionales con el fin de que la Ley la ampare.

A cuatro años de la primera demanda con lugar en la ciudad de Durango, las pequeñas no han podido convivir con su progenitor, toda vez que la señora lo ha impedido, a través de sus denuncias no comprobadas.

Esto ocurre pese a que el 1 de julio del 2022 un Juez de Distrito (en juicio de amparo 312/2022) ordenó restituir los derechos a las menores y a él mismo, para poder restablecer las convivencias y la custodia compartida.

El equipo de defensa legal del señor Gorjón, indicó que la madre ha evitado las pruebas psicológicas: Ella evidentemente no accede a estas valoraciones psicológicas porque sabe que de ello depende que las niñas puedan estar en contacto con su papá; ella hace cualquier situación para evitar realizarse las valoraciones».

Así, el procedimiento familiar es lo único que falta, que Mónica se realice las valoraciones para la convivencia y luego la custodia del padre.

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ampara su claro derecho a la intimidad:
«Tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquellos que tengan carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permitan identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación».