La senadora Gina Gerardina Campuzano González afirmó que la reforma aprobada en el Senado obligará a que los créditos del ISSSTE financien vivienda adecuada y no casas sin servicios, mala ubicación o condiciones que deterioren la calidad de vida de las familias trabajadoras.

Durante la discusión del dictamen que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la legisladora sostuvo que el derecho a la vivienda no puede quedarse en el discurso y debe traducirse en reglas claras que eviten seguir otorgando créditos para viviendas sin condiciones mínimas.

“No estamos discutiendo un tecnicismo legal. Estamos hablando de sueños y de familias”, expresó ante el pleno.

Recordó que impulsó la reforma constitucional que sustituyó el concepto de vivienda digna y decorosa por el de vivienda adecuada, al considerar que un derecho mal definido es un derecho débil y no obliga con claridad a la autoridad.

Explicó que una vivienda adecuada implica plena seguridad jurídica para evitar despojos, acceso real a agua potable y energía eléctrica, materiales seguros, protección frente a riesgos estructurales y una ubicación que no convierta el traslado diario al trabajo o a la escuela en un castigo.

Advirtió que de nada sirve entregar una casa si se convierte en una deuda impagable o si carece de condiciones básicas. “Cuando esa base es frágil, todo lo demás se tambalea”, señaló.

De acuerdo con datos oficiales, en 2024 el ISSSTE otorgó más de 36 mil créditos hipotecarios por un monto superior a 32 mil millones de pesos, por lo que la reforma impactará directamente en miles de familias que dependen de este financiamiento para construir su patrimonio.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 100 votos a favor y establece que los financiamientos deberán apegarse a estándares mínimos de calidad, habitabilidad, seguridad y asequibilidad, en concordancia con el mandato constitucional en materia de vivienda adecuada.

La reforma será enviada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo, con el objetivo de que el patrimonio de las familias trabajadoras no se convierta en una carga financiera ni en un hogar sin condiciones básicas de bienestar.