El gobernador Esteban Villegas advirtió que las “letras chiquitas” del Plan B en materia electoral podrían detonar controversias legales en el país, ante la incertidumbre sobre desde cuándo aplicaría la prohibición de la reelección.

Explicó que el punto crítico está en un artículo transitorio que establece que no podrá haber reelección a partir de su publicación, lo que abre un debate sobre si esta medida entraría en vigor de inmediato o hasta procesos posteriores.

“El problema está en cómo se va a interpretar ese párrafo”, señaló, al indicar que existen posturas encontradas entre especialistas: mientras algunos sostienen que la prohibición aplicaría de forma inmediata, otros consideran que debe respetarse el criterio planteado previamente para 2030.

Esta diferencia de interpretaciones —agregó— genera incertidumbre entre quienes actualmente ocupan cargos de elección popular y contemplan participar en los próximos procesos electorales.

El debate cobra relevancia porque, de aplicarse de manera inmediata, la reforma podría impactar elecciones intermedias antes de 2030, lo que abriría la puerta a impugnaciones y disputas jurídicas en tribunales electorales.

Villegas anticipó que serán las autoridades jurisdiccionales las que tendrán que definir el alcance de la norma, desde tribunales estatales hasta instancias federales, lo que eventualmente podría derivar en la creación de jurisprudencia.

En cuanto a su impacto en Durango, el mandatario consideró que la reforma tendría efectos limitados, ya que los ajustes previstos, como la reducción de regidores en algunos municipios, no representan cambios sustanciales ni ahorros significativos.

Asimismo, señaló que el salario de los diputados en la entidad ya se encuentra entre los más bajos del país, por lo que no habría modificaciones relevantes en ese rubro.

También destacó como un punto positivo que se mantiene sin cambios el presupuesto de la Entidad Superior de Auditoría del Estado, lo que garantiza la continuidad en las labores de fiscalización.

Finalmente, subrayó que el verdadero fondo del Plan B no está en los ajustes administrativos, sino en la interpretación de sus disposiciones, particularmente en materia de reelección, lo que podría generar controversia e incertidumbre en los próximos procesos electorales.