La senadora Margarita Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que la nueva Ley General de Aguas no busca quitar pozos, tierras ni casas a la población, sino poner orden frente al acaparamiento y el “huachicoleo del agua” que por años han realizado grandes intereses económicos y políticos.

Relató que, durante el debate en el Senado, legisladores de oposición advirtieron que la reforma derivaría en que la gente perdiera sus casas, carros y trabajos, lo cual calificó como desinformación. “No le estamos quitando el agua a la gente, se trata de regular quién toma el agua de ríos, lagunas, pozos y hasta de las tuberías”, subrayó.

Aseguró que los campesinos que usan su pozo para producir alimentos o dar de beber a su ganado pueden estar tranquilos. Explicó que se creará un padrón donde quedará registrado quién es dueño del predio, del pozo y para qué usa el agua. Cuando alguien vende sus cinco hectáreas o su casa, el pozo y el derecho de uso del agua pasan al nuevo propietario, quien solo deberá reportarlo y actualizar sus datos.

La legisladora distinguió entre uso familiar o productivo y negocio con el agua. Señaló que no se permitirá que pequeños propietarios vendan agua a refresqueras, cerveceras, papeleras u otras industrias bajo la fachada de uso doméstico. “Aquí tenemos que ser honestos todos y decir para qué queremos el agua”, dijo.

Valdez denunció casos en La Laguna, donde empresas bombean agua día y noche sin respetar los límites de sus concesiones, así como prácticas de captación privada de agua de lluvia en grandes “albercas” que impiden que el recurso llegue a los ríos. Recordó que toda el agua de lluvia es propiedad de la nación, es decir, del pueblo.

También cuestionó que existan balnearios, hoteles, ranchos y campos de golf que casi no pagan por el agua, mientras en el semidesierto y la sierra hay niñas y niños que caminan hasta cinco o seis kilómetros para acarrear un balde.

Reconoció que la reforma “pisa intereses” de grandes empresas y líderes regionales, incluso de todos los partidos, pero advirtió que la regulación debe aplicarse “tope donde tope”. Añadió que con la nueva fiscal general, “el que la hace, la tiene que pagar”.

Finalmente, coincidió con el gobernador Esteban Villegas en que el tiempo dirá si esta ley fue a favor del pueblo. Recordó que ya en 1992 hubo una reforma que, bajo el gobierno de Carlos Salinas, afectó gravemente a ejidos y pequeños productores. Ahora, sostuvo, el objetivo es corregir esos errores y garantizar agua para quienes más la necesitan.

Por: Antonio Gaytán