La coordinadora del Grupo Parlamentario de la Cuarta Transformación (Morena-PVEM), Sandra Amaya Rosales, confirmó que la llamada Ley Halconeo continúa pendiente de dictaminación en el Congreso del Estado, pese a que la iniciativa contempla penas de entre cinco y siete años de prisión para quienes participen en actividades de vigilancia o seguimiento de operativos de seguridad en beneficio de grupos delictivos.

La legisladora explicó que la propuesta fue presentada por su bancada y actualmente se encuentra en comisiones, donde forma parte del rezago legislativo acumulado en la actual Legislatura.

“Nosotros presentamos una iniciativa contra el halconeo, está pendiente aquí en el Congreso como muchas iniciativas más”, señaló.

El halconeo es una práctica que consiste en observar, monitorear o reportar movimientos de autoridades y corporaciones de seguridad para proporcionar información a grupos criminales, una conducta que en diversas entidades del país ya cuenta con sanciones específicas dentro de su legislación penal.

Sandra Amaya reconoció que la iniciativa aún no ha sido aprobada debido al proceso legislativo que debe seguir y al elevado número de asuntos pendientes por resolver en el Congreso local.

“Tenemos un rezago de alrededor de 300 iniciativas y ésta también está todavía pendiente”, detalló.

No obstante, rechazó que exista intención de frenar la propuesta y aseguró que entre las diferentes fuerzas políticas hay conciencia sobre la importancia de fortalecer las herramientas legales en materia de seguridad pública.

“Lo que más queremos es que se dictamine”, afirmó.

La coordinadora parlamentaria sostuvo que las iniciativas relacionadas con seguridad han sido una prioridad para la bancada de la Cuarta Transformación, particularmente aquellas enfocadas en mejorar las condiciones de trabajo y protección de los cuerpos policiacos.

“Estamos conscientes de que se necesita”, expresó al referirse a la propuesta.

Amaya Rosales destacó además la coordinación que actualmente mantienen las autoridades de los tres órdenes de gobierno para preservar la tranquilidad en el estado, así como la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones locales en los operativos que se desarrollan en distintas regiones de Durango.

“Primero que nada la coordinación, entonces vemos que hoy está existiendo”, señaló.

Respecto a las sanciones contempladas en la iniciativa, explicó que la propuesta establece penas de cinco a siete años de prisión para quienes, tras el procedimiento correspondiente, sean encontrados responsables de realizar actividades consideradas como halconeo.

“Si se encuentran que son culpables, pues serán acreedores de cinco a siete años de cárcel”, indicó.

La legisladora aclaró que el contenido definitivo aún podría modificarse durante el análisis en comisiones, como ocurre con cualquier iniciativa antes de llegar al pleno para su discusión y votación.

Asimismo, adelantó que buscará conocer el estatus actual de la propuesta mediante diálogo con los coordinadores de las distintas bancadas para explorar las posibilidades de avanzar en su dictaminación.

Sin embargo, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra actualmente en periodo de receso, por lo que la iniciativa sólo podría avanzar mediante la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones o, en su defecto, esperar hasta septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario.

La discusión cobra relevancia en un contexto donde la seguridad pública se mantiene entre las principales demandas ciudadanas y donde diversas voces han planteado la necesidad de dotar a las autoridades de mayores herramientas jurídicas para combatir conductas que puedan facilitar las operaciones de la delincuencia organizada.

Por ahora, la llamada Ley Halconeo permanece en la congeladora legislativa, a la espera de que las comisiones concluyan su análisis y determinen si Durango contará con una legislación específica para sancionar esta práctica.