Por: Víctor Salas

De las dos mil 315 personas que ingresaron a algún centro penitenciario de Durango en 2020, 678 (29 por ciento) fue por reingreso. En ese año, Durango fue la octava entidad con mayor porcentaje de personas que volvieron a los centros penitenciarios, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Lograr la reinserción a la sociedad de las personas sentenciadas y procurar que no se vuelva a delinquir es el principal objetivo del sistema penitenciario, sin embargo, en México, y en particular en Durango, las tasas de reincidencia delictiva siguen siendo altas.

En el marco de la sesión de la Comisión Intersecretarial de Durango, llevada a cabo el pasado jueves 12 de mayo, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (Inevap) fue convocado por la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública para compartir ante las dependencias que integran dicha comisión los resultados de la Evaluación del Programa de Modernización del Sistema Penitenciario Estatal.

En dicho encuentro, participaron los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de Cultura del Estado de Durango, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y representantes de las dependencias de salud, educación, trabajo y previsión social, desarrollo económico, Fiscalía General del Estado, entre otras, las que externaron el compromiso de utilizar la información generada en la evaluación para mejorar la estrategia de reinserción social en el estado.

Durante la presentación de resultados, el maestro Rafael Rodríguez Vázquez, coordinador de Investigación y Proyectos Especiales del Inevap, hizo énfasis en que para lograr disminuir los niveles de reincidencia en Durango se requiere de un mayor involucramiento de las distintas dependencias que integran la Comisión Intersecretarial, para contar con programas de reinserción social más efectivos y que estos respondan a las necesidades particulares de la población penitenciaria.

Además, destacó que las mujeres que son privadas de la libertad enfrentan consecuencias distintas a las de los hombres. Por ejemplo, la separación de la familia y de los hijos afecta en mayor medida a las mujeres, lo que provoca mayores índices en problemas de salud mental. También, por cuestiones culturales, hay un peor estigma social para las mujeres y sus familias por lo que su reintegración a la sociedad suele ser más complicada.

Por su parte, el consejero presidente del Inevap, el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, resaltó que existe una coordinación interinstitucional estrecha entre las dependencias del Poder Ejecutivo y este organismo autónomo, destacó que los hallazgos y resultados de las evaluaciones contribuyen a contar con mejores programas y políticas públicas en la entidad.