La diputada federal del PAN, Vero Pérez, acusó a Morena de intentar “desestabilizar” Chihuahua mediante la marcha realizada en respaldo a la gobernadora Maru Campos y aseguró que el movimiento fracasó en su convocatoria.

La legisladora afirmó que desde Morena y el Gobierno Federal se ha emprendido una “guerra” política contra la mandataria estatal, a quien —dijo— señalan por presuntos actos contra la soberanía nacional, mientras que en otros casos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado, las autoridades federales actúan de manera distinta.

“Es inconsistente cómo en Chihuahua, que sí combate al crimen organizado, haya un ataque político y hasta pidan juicio político, mientras que a Rocha Moya lo protegen y hasta seguridad le brindan”, expresó.

Vero Pérez sostuvo que la movilización no alcanzó la participación que presumieron los organizadores y aseguró que estimaciones digitales ubicaron la asistencia entre 2 mil y 2 mil 500 personas, lejos de las 20 mil reportadas por Morena.

También señaló que existió molestia entre ciudadanos de Chihuahua y advirtió que la polarización política pudo generar situaciones de riesgo.

“Afortunadamente no pasó a mayores, pero los chihuahuenses estaban molestos y enojados por esta guerra que están iniciando Morena y el Gobierno Federal contra Maru Campos”, declaró.

Sobre la campaña impulsada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, con el mensaje “Presidenta, rompa el pacto”, la diputada aseguró que el objetivo es exigir resultados en materia de seguridad y salud.

La panista mencionó que persisten problemas de inseguridad en carreteras y en distintos estados del país y, aunque reconoció esfuerzos del gobernador de Durango para mantener blindada la entidad, señaló casos como Guerrero, Zacatecas, Baja California y Tamaulipas, donde —afirmó— existen señalamientos contra autoridades estatales sin acciones contundentes del Gobierno Federal.

La legisladora sostuvo que el PAN exige resultados reales en seguridad y salud, y acusó al Gobierno Federal de actuar con omisión frente a entidades señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.