La diputada federal Verónica Pérez Herrera, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) representa un grave retroceso en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate efectivo a la pobreza en México.

“La 4T eliminó a quien podía decirnos si sus programas sociales funcionaban. Hoy el gobierno se califica con 10… porque quitó al maestro”, señaló.

El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados transfiere las funciones del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a la Secretaría de Hacienda, lo cual —según la legisladora— implica que el mismo gobierno que diseña y ejecuta los programas sociales ahora también los evaluará.

“No quieren ser evaluados, quieren ser aplaudidos”, añadió Pérez.

Subrayó que el Coneval era un órgano técnico e independiente, con capacidad para generar evidencia sobre el uso real de los recursos públicos destinados a combatir la pobreza. “Eliminarlo es apagar una de las pocas luces que vigilaban cómo se gastan los recursos públicos.”

Desde Acción Nacional, reiteró el compromiso con una política social basada en datos reales, evaluación independiente y participación ciudadana:

“La pobreza no se combate con discursos, se combate con resultados. Y con Morena, tenemos evaluación ausente y pobreza presente.”

Advertencias técnicas y políticas

La eliminación del Coneval ha despertado preocupación tanto en el ámbito técnico como legislativo. El propio Consejo advirtió que esta medida “podría minar la confianza en las cifras de pobreza multidimensional”, utilizadas tanto por organismos nacionales como internacionales.

Especialistas señalan además que ni el INEGI ni Hacienda cuentan actualmente con la autonomía legal ni metodológica para asumir plenamente las funciones que hoy desempeña el Coneval, por lo que se requerirán reformas a leyes secundarias que aún no se han discutido.

A esto se suma la afectación directa al personal especializado: de 180 trabajadores, solo 49 serán indemnizados, lo que representa también una pérdida de capital humano calificado en evaluación social.

Desde otras fuerzas de oposición también se ha señalado que esta reforma elimina contrapesos democráticos y busca centralizar el control de la información en el Poder Ejecutivo.

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Por: Antonio Gaytán