La diputada Georgina Solorio García, integrante de la coalición parlamentaria Cuarta Transformación, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, con el objetivo de prohibir el uso de celulares, cámaras y dispositivos electrónicos al momento de votar, como medida para combatir nuevas modalidades de compra de votos mediante el uso de códigos QR.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local celebrada el 15 de julio de 2025, la legisladora morenista denunció prácticas fraudulentas ocurridas en el reciente proceso electoral, que calificó como “una agresión a la voluntad del pueblo”. Solorio afirmó que los códigos QR empleados para condicionar el voto son equivalentes a las viejas prácticas del reparto de despensas y tarjetas prepagadas.

“La voluntad no se coacciona, el voto no se vende, el voto se respeta”, sentenció.

Además, la iniciativa incluye un incentivo para promover la participación ciudadana: propone que los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla puedan obtener horas de servicio social al participar en la jornada electoral, mediante convenios entre el Instituto Electoral y universidades con reconocimiento oficial.

Solorio recordó que en procesos anteriores se han intentado reformas similares, pero los órganos electorales han evitado implementar estas medidas bajo el argumento de que restringir el uso de celulares atentaría contra derechos constitucionales. Rebatió este argumento citando el caso de las instituciones bancarias, donde sí se prohíbe el uso de teléfonos por razones de seguridad.

La legisladora ejemplificó su denuncia con lo ocurrido en Ciudad Lerdo, donde —según dijo— hubo un resultado electoral “inaudito”, al superar la candidata ganadora a la propia presidenta Claudia Sheinbaum en número de votos.

“No se trata de un caso aislado, sino de un modelo de operación electoral que podría extenderse si no se detiene a tiempo”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para defender la democracia, evitar que se institucionalicen mecanismos de fraude digital y garantizar que el voto libre siga siendo el pilar de la participación ciudadana.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis.

Por: Antonio Gaytán