Quienes administran recursos públicos no deben asumir que las observaciones derivadas de las auditorías quedarán únicamente en expedientes administrativos. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Ernesto Alanís Herrera, advirtió que los procesos contra funcionarios por posibles irregularidades serán cada vez más frecuentes, debido al fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción y al trabajo de fiscalización que realiza la Auditoría Superior del Estado.

“Ya suceden cosas y este es un mensaje a todos los que estamos en el ejercicio de la función pública. Hemos visto ya temas en los que han sido involucrados presidentes municipales; si bien los procesos no son tan inmediatos como quisiera la ciudadanía, existen y van a suceder con más frecuencia porque las fiscalías anticorrupción están siendo cada vez más dinámicas”, afirmó.

La advertencia fue realizada luego de que el Congreso del Estado recibiera en tiempo y forma las cuentas públicas de los municipios, organismos autónomos y del Gobierno del Estado, documentación que ya fue turnada a la Comisión de Hacienda para iniciar el proceso de revisión técnica y financiera.

Alanís explicó que los secretariados técnicos comenzaron el análisis de cada expediente, comparando el presupuesto autorizado con el gasto ejercido, el cumplimiento de programas y los objetivos para los que fueron aprobados los recursos. Posteriormente, esos resultados se complementarán con las auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado.

Precisó que será durante el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, cuando el Congreso comience a conocer los primeros resultados de esa revisión. A partir de entonces podrán solicitarse aclaraciones, información adicional o la comparecencia de funcionarios cuando existan dudas sobre el manejo de los recursos públicos.

El legislador subrayó que el propósito de este proceso no es partidizar la fiscalización, sino sustentar cada determinación en información técnica y documental.

“La información documentada permite que no partidicemos las revisiones. La información objetiva elimina sospechas y permite evaluar el uso de los recursos con criterios técnicos”, sostuvo.

Respecto a las observaciones que puedan surgir, explicó que no todas representan un desvío de recursos, ya que muchas corresponden a inconsistencias administrativas o documentación faltante que puede solventarse durante el procedimiento. Sin embargo, cuando las auditorías detectan elementos de mayor gravedad, éstos pueden dar paso a responsabilidades administrativas o investigaciones por parte de las autoridades competentes.

Finalmente, destacó que la totalidad de los entes obligados entregó sus cuentas públicas dentro del plazo legal, reflejando un mayor cumplimiento de las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental. No obstante, dejó claro que cumplir con la entrega de la información no sustituye la obligación de comprobar que cada peso del presupuesto fue ejercido conforme a la ley, por lo que insistió en que el mensaje para todos los servidores públicos es que nadie debe confiarse.