El presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, Manuel Valadez Díaz, advirtió que el crimen organizado está utilizando a menores de edad para cometer delitos, aprovechando los límites legales que reducen de forma significativa las sanciones frente a las de un adulto.

Explicó que, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las penas para menores pueden alcanzar hasta cinco años de internamiento, incluso en delitos graves, debido a que el sistema privilegia la reinserción social sobre el castigo.

Señaló que este marco ha sido aprovechado por grupos delictivos, que reclutan a adolescentes para participar en actividades ilícitas con menor riesgo penal, configurando un patrón cada vez más visible en distintas regiones del país.

Como ejemplo, reveló que algunos menores portan su acta de nacimiento o documentos de identidad al momento de delinquir, con el objetivo de acreditar su edad si son detenidos y acceder a los beneficios del sistema de justicia juvenil.

El tema cobró relevancia nacional tras el caso de un adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras en una escuela en Michoacán, hecho que evidenció la gravedad de los delitos en los que pueden estar involucrados menores y las limitaciones legales para sancionarlos.

Este tipo de casos ha reactivado el debate sobre la efectividad del modelo actual, particularmente en delitos de alto impacto, donde las sanciones para menores contrastan con las penas que enfrentaría un adulto por los mismos hechos.

A nivel internacional, la discusión también ha tomado fuerza. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha impulsado políticas de mano dura contra estructuras criminales, incluyendo a jóvenes vinculados a estos grupos.

No obstante, en México el sistema está alineado con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que las personas menores de 18 años deben ser sujetas a procesos de rehabilitación y reinserción social, no a penas equivalentes a las de adultos.

Ante este panorama, Valadez Díaz consideró necesario abrir un análisis a nivel nacional para revisar si el marco legal vigente responde a la realidad actual, donde la participación delictiva ocurre a edades cada vez más tempranas.

Hoy, advirtió, el desafío no solo es legal, sino estructural: un sistema diseñado para proteger a los menores está siendo aprovechado por el crimen organizado para operar con menores consecuencias.