En Durango no hay ninguna mujer privada de la libertad por el delito de aborto, aseguró Julieta Hernández Camargo, integrante de Sí Hay Mujeres en Durango, al destacar que, aunque el tipo penal sigue vigente, actualmente no existe ninguna persona encarcelada por esta causa.

Durante una rueda de prensa en el Congreso del Estado, la activista explicó que la ausencia de mujeres en prisión no significa que la criminalización no tenga efectos, ya que la permanencia del delito en el Código Penal genera temor en quienes requieren el servicio y en el personal médico.

“La vigencia del tipo penal provoca incertidumbre y miedo”, señaló.

Hernández Camargo recordó que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la penalización absoluta del aborto es inconstitucional por vulnerar derechos humanos y la autonomía reproductiva.

En ese mismo sentido, el 18 de julio de 2025 el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito declaró inconstitucional la prohibición absoluta del aborto voluntario en Durango y ordenó al Congreso local reformar la legislación.

La legislatura fue notificada el 5 de septiembre de 2025 y, aunque el plazo inicial para cumplir vencía el 15 de diciembre, el proceso continúa en revisión tras recursos promovidos por el área jurídica del Congreso.

Durante el encuentro, las colectivas señalaron que mantener la penalización también genera desigualdad, pues quienes tienen recursos pueden trasladarse a otras entidades donde ya está despenalizado, mientras que mujeres en contextos de vulnerabilidad enfrentan mayores riesgos.

Asimismo, informaron que en 2025 se registraron 687 ingresos hospitalarios por aborto en la entidad y 52 atenciones relacionadas con intentos fallidos.

Las organizaciones reiteraron que la despenalización no obliga a ninguna persona a interrumpir un embarazo, sino que busca evitar la criminalización y garantizar acceso seguro a servicios de salud.